BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente del subcomité de la ONU para la prevención de los malos tratos y la tortura, Hans Draminsky Petersen, aseguró hoy que "las instrucciones y calidad del trabajo de los médicos ubicados en los centros de detención españoles para la detección de la tortura es insuficiente".
Según indicó Draminsky Petersen hoy en la conferencia 'Responsabilidad médica en la lucha internacional contra la tortura', organizada por la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), "si bien los profesionales sanitarios no tienen potestad para interferir en las cuestiones legales o iniciar procedimientos jurídicos tras la identificación de un crimen de tortura, no es menos cierto que existe una responsabilidad en el campo de la prevención y la denuncia".
El experto internacional aclaró que "el profesional sanitario ha de conocer el historial clínico del paciente y su posible historial de malos tratos y torturas anteriores" para proceder posteriormente a una evaluación física y psíquica "exhaustiva" que permita "comprobar si existe una correlación entre las informaciones poseídas y actuar en consecuencia".
El especialista dijo que "el médico ha de poseer una instrucción básica de su trabajo para identificar posibles malos tratos y una cadena de mando a la que poder informar de las incorrecciones detectadas". Sin embargo, advirtió de que en muchos países, entre ellos España, estos comandos "no funcionan con la corrección adecuada y se han detectado graves deficiencias si se comparan con las exigencias de la ONU".
"A nivel estadístico se ha observado que los patrones de tortura difieren entre los detenidos por distintos cuerpos policiales, que el trato vejatorio sexual es mucho más frecuente entre las mujeres que entre los varones y que los métodos de tortura alegados han variado desde la década de los 80 a la de los 90 y de ésta a la década actual", explicó.
En un reciente Congreso en la Universidad de Bristol (Inglaterra) sobre los mecanismos preventivos de la tortura en relación al Protocolo Facultativo de la ONU contra la Tortura (OPCAT) el experto presentó, junto a un grupo de médicos vascos, una comunicación basada en el análisis de más de 700 informes médico-forenses de detenidos vascos en régimen de incomunicación durante los periodos 1991-1994 y 2000-2005.
"Dicho análisis mostró que la prevalencia de alegaciones de tortura o malos tratos fue alta y constante en ambos periodos (60 por ciento). Por otro lado, se concluyó que los mecanismos nacionales e internacionales existentes no habrían sido eficaces en la prevención de los malos tratos en esta población, cuestión que también ha sido apuntada por Amnistía Internacional, el CPT y los expertos de Naciones Unidas.
