MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Todos los grupos parlamentarios del Congreso ven necesario impulsar nuevas medidas de carácter legislativo y social, con el fin de mejorar la protección a las víctimas de violencia de género, según informaron a Europa Press portavoces de las distintas formaciones.
Esta cuestión volverá a ser objeto de discusión esta semana en el pleno del Congreso del próximo miércoles. Los grupos del PP y ERC pedirán explicaciones al Gobierno (previsiblemente al ministro de Trabajo, Jesús Caldera) sobre el funcionamiento de la Ley en sendas interpelaciones.
El PP considera que la norma ha sido "ineficaz", teniendo en cuenta que "en lo que va de año han muerto 33 mujeres" a manos de su pareja o ex pareja. En declaraciones a Europa Press, su portavoz en la Comisión sobre Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, Susana Camarero, afirmó que el Gobierno "debe ponerse a trabajar" y establecer medidas de protección "de oficio" para mujeres maltratadas que presentan una denuncia, aunque posteriormente la retiren.
Camarero valoró que que la lucha contra la violencia de género se encuentra "en un momento delicado" y reclama la puesta en marcha de nuevas iniciativas en el ámbito de la seguridad de las víctimas, con un incremento de medios y planes personalizados de protección para las mujeres maltratadas. Estas propuestas se concretarán en una moción para su debate en la cámara.
Por parte de ERC, Georgina Oliva, también ha elaborado una serie de medidas que pondrá en común con los diferentes grupos, con el fin de impulsar una moción consensuada. En principio, ERC reclama una reforma de la Ley de Enjuiciamiento con el fin de evitar la confrontación de la víctima con el agresor durante la declaración ante el juez, tal y como ocurre en el caso de los menores que han sufrido una agresión sexual. Esta medida pretende proteger a la víctima y evitar que retire la denuncia por sentirse coaccionada.
En la misma línea, sugiere una "interpretación más laxa" de la norma con el fin de que la declaración no sea realizada por la víctima sino por un equipo multidisciplinar (médicos forenses, psicólogos o asistencia social que haya seguido el caso) que pueda acreditar el daño sufrido.
Además, ERC planteará una reforma del artículo 416 con el fin de eliminar la dispensa a la que pueden acogerse las mujeres para no declarar contra su pareja.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
En declaraciones a Europa Press, el portavoz socialista en la Comisión de Justicia, Pedro Muñoz, se mostró partidario de estudiar una reforma de esta Ley. "No se puede dejar al albur de la parte afectada la responsabilidad de la condena del agresor, dado que se produce una situación de abuso", indicó.
Desde el punto de vista jurídico, este diputado ve "lógica" una reforma de esta Ley dado que responde a "otra realidad social" en la que la dispensa pretendía ofrecer garantías a los testigos para no tener que declarar contra un familiar.
No obstante, Muñoz es contrario a reformar la Ley contra la Violencia de Género, al entender que se ha de dar tiempo a las medidas que contempla, teniendo en cuenta que tratan de corregir "una conducta de asentamiento histórico", como es el machismo.
MEDIDAS DE OFICIO
Por su parte, el portavoz del PNV en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, Emilio Olabarría, se mostró partidario de "aumentar el margen de discrecionalidad del juez" para analizar el perfil del agresor, con el fin de que pueda tomar medidas de oficio aunque se retire la denuncia. Olabarría también es favorable de endurecer las medidas de alejamiento y protección con medios telemáticos y escoltas.
Desde el Grupo Catalán (CiU) la diputada Mercè Pigem apoya la "reflexión" que pretende impulsar el Gobierno, pero considera que obligar a las víctimas a declarar podría disuadirlas a denunciar. "No se puede obligar a una mujer maltratada a hacer algo en contra de su voluntad", destacó.
Pigem asegura que la posición de CiU "no es un no rotundo" a la propuesta del Gobierno, pero esta formación es más partidaria de impulsar medidas en el ámbito de la protección, incrementando recursos como psicólogos o trabajadores sociales.
En nombre del Grupo de IU-ICV, Isaura Navarro consideró "oportuno" realizar una reforma de la ley de Violencia de Género, pero no desde el punto de vista represivo, sino para aumentar las medidas sociales de apoyo a las víctimas y de educación.
"Tanto el PP como el PSOE insisten en el ámbito penal", apuntó. Asimismo, en línea con los otros grupos, señaló la necesidad de "mejorar la protección", atendiendo a la realidad social de las víctimas.
Finalmente, el portavoz en la materia de Coalición Canaria, Luis Mardones, se mostró abierto a escuchar la propuesta del Ejecutivo y aseguró que su grupo no se opondrá a las posibles reformas legislativas. "la clase política no se puede quedar de brazos cruzados ante un fenómeno de estas dimensiones".
PROPUESTA DEL GOBIERNO
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, reconoció el pasado miércoles en el Senado informó que su ministerio está analizando la política en la lucha contra los malos tratos para "ver el eslabón que falla" y mejorar los instrumentos.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha propuesta la realización de un estudio criminológico sobre la situación actual de la violencia de género, que permita tomar nuevas medidas contra este problema y mejorar la tutela judicial a las víctimas.
El Grupo de Trabajo sobre Violencia de Género, órgano que coordina las atribuciones y competencias en materia de Justicia ha planteado diversas actuaciones para favorecer un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia en la lucha contra este problema, como la implementación de la planta de los juzgados de violencia de género, profundizar en la especialización de abogados, jueces y fiscales o la implantación de las unidades forenses de valoración integral.
