BRUSELAS, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Justicia de 14 países de la Unión Europea, entre ellos España, acordarán este viernes una norma común sobre la ley aplicable a los divorcios de parejas cuyos miembros tienen distinta nacionalidad con el objetivo de reducir los costes, agilizar los procedimientos y proteger al miembro más débil de la pareja.
El reglamento no cubre las consecuencias del divorcio como la custodia de los hijos, el reparto de los bienes o las obligaciones de manutención. También excluye cuestiones preliminares como la validez del matrimonio.
Además, las nuevas reglas respetan el derecho de familia de los Estados miembros. Por ejemplo, si la ley de un Estado miembro no permite del divorcio (Malta) o no reconoce el matrimonio en cuestión, el tribunal de ese país no estará obligado a conceder el divorcio o la separación legal.
Se trata de la primera vez que se lanza el denominado mecanismo de 'cooperación reforzada', que permite que un grupo de países avance más rápido que el resto, consagrando así la Europa a dos velocidades. Además de España, los países que avanzarán más rápido en materia de divorcios internacionales son Austria, Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia, Alemania, Bélgica, Letonia, Malta y Portugal.
Este mecanismo --similar al procedimiento que se utilizó para lanzar el euro o el espacio sin fronteras Schengen-- se utiliza para los divorcios internacionales porque Suecia ha vetado que la UE apruebe una ley en esta materia. Las autoridades suecas alegaron que no quieren que un tribunal suyo aplique una ley de otro país. Como la legislación de la UE sobre derecho de familia exige unanimidad, la única manera de sortear este bloqueo es mediante la cooperación reforzada.
Cada año, alrededor de 140.000 parejas internacionales se divorcian en la UE, cifra que representa el 19% del total de las separaciones, según los datos de Bruselas. La UE pretende reforzar la seguridad jurídica en estos casos.
En la actualidad, las normas sobre divorcios internacionales varían mucho de un Estado a otro. Ello facilita que el cónyuge que puede permitirse los costes del viaje y los gastos del abogado acude al tribunal donde obtendrá el mejor resultado, en perjuicio del cónyuge más débil y a menudo en perjuicio de los hijos. Además, los conflictos de leyes dan lugar a situaciones de especial complejidad jurídica y numerosos costes, dificultando los divorcios de mutuo acuerdo y los divorcios ya previstos, según la Comisión.
La nueva norma permite a los cónyuges escoger la ley aplicable a su divorcio. En los casos en que no haya acuerdo entre los esposos sobre la ley aplicable, el reglamento establece una serie de criterios basados en la proximidad. En primer lugar, se dará prioridad a la normativa del país de residencia habitual. Si ya no viven juntos, a la del último lugar de residencia conjunta. Si nadie vive ya allí se aplicaría la legislación de la nacionalidad común de los cónyuges, y si son de países distintos, la del tribunal al que se acuda.
