4 de agosto de 2020
9 de julio de 2020

El TUE dice que el dueño de un contenido solo puede pedir la dirección postal de quien lo comparte ilegalmente

BRUSELAS, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado este jueves que el titular de un contenido compartido de manera ilegal en plataformas online como YouTube solo puede reclamar al operador la dirección postal del usuario que ha compartido el archivo, y no otros datos personales cubiertos por las reglas de protección de datos, como el correo electrónico, su dirección de IP o su número de teléfono.

La directiva sobre derechos de autor establece que las autoridades judiciales pueden ordenar que se faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen el derecho de propiedad intelectual, en concreto "direcciones" de los productores, distribuidores y proveedores.

En su sentencia, el Tribunal con sede en Luxemburgo responde a un litigio en Alemania por la difusión sin permiso en YouTube y otras plataformas de dos películas de Constantin Film Verleih, titular exclusivo de los derechos de estos contenidos que reclamó datos de los usuarios que compartieron los contenidos.

El TUE ha concluido que cuando se utiliza el término 'dirección' sin más precisión, éste se refiere a la dirección postal, es decir, al domicilio o lugar de residencia de la persona, y no a otros datos como el correo electrónico, el número de teléfono o la dirección IP.

La Justicia europea añade que esta disposición pretende conciliar el respeto de diferentes derechos, en particular el derecho de información de los titulares y el derecho a la protección de los datos personales de los usuarios.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha precisado que los Estados miembros tienen la facultad de conceder a los titulares de derechos de propiedad intelectual el derecho a recibir una información más amplia, con la condición de que se garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales de que se trate y el respeto a otros principios generales del Derecho de la Unión, como el principio de proporcionalidad.

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