MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas debatirá y votará el próximo jueves una propuesta de Unidos Podemos para encargar al organismo un informe de fiscalización específico sobre la contratación de personal en RTVE en el periodo comprendido entre los años 2014 a 2018, ambos incluidos.
El grupo confederal justifica su reclamación en "aras de la necesaria exigencia de transparencia en la gestión de la Corporación pública".
En su petición, recogida por Europa Press, Unidos Podemos detalla que el informe del Tribunal de Cuentas deberá contener el número total de contratos realizados en el periodo indicado, su ubicación geográfica y orgánica, la justificación de su necesidad o si se respetaron los protocolos respecto al orden de prelación en el Banco de Datos interno.
Además, quiere saber cuántos de estos contratos han finalizado como indefinidos por sentencia judicial y con qué categoría laboral, así como los criterios técnicos y económicos seguidos por la corporación para efectuar esos contratos.
LOS PRIMEROS CONTRATOS DE ROSA MARÍA MATEO
El periodo que los de Pablo Iglesias llaman a fiscalizar coincide básicamente con el mandato del líder 'popular' Mariano Rajoy, aunque si se incluyen los contratos gestionados en todo este año, también se fiscalizarían los cambios realizados por la actual administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, que llegó a su puesto el pasado septiembre.
En el caso de salir adelante en la Comisión, esta petición se uniría al encargo que ya se hizo a finales de octubre al Tribunal de Cuentas para auditar el coste de implantación del decreto ley para la renovación urgente del Consejo de RTVE, aprobado por el Ejecutivo en el mes de junio y que, precisamente, llevó a Mateo a dirigir la Corporación.
Aquel encargo, al que PSOE y Unidos Podemos se opusieron, fue consecuencia de una enmienda que el PP incluyó entre sus propuestas al Informe de fiscalización de la producción propia de la Corporación de RTVE en los ejercicios entre 2014 y 2016. En el texto ya se reclamaba la fiscalización de costes de despido e indemnizaciones, situación del personal destituido y posibles incompatibilidades derivadas de procesos de ajuste de plantilla realizados anteriormente.
