MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se reunirá mañana a las 9,00 horas, en el Congreso de los Diputados, con las portavoces de los diferentes grupos parlamentarios para abordar nuevas medidas contra la violencia de género, que en lo que va de año, se ha cobrado al menos 40 muertas.
Según informaron a Europa Press en fuentes socialistas, la vicepresidenta abordará con los grupos las medidas que se aprobaron por unanimidad en el pleno del Congreso de la semana pasada, en el marco de una moción.
Entre otros puntos, las formaciones plantean la posibilidad de que los jueces adopten medidas de protección, como el alejamiento, en los supuestos más graves, sin haber prestado audiencia previa al presunto agresor.
En concreto, sugieren que los jueces puedan adoptar medidas de protección de oficio o a instancia de parte, "en casos en que la urgencia de la situación requiera que la medida se ponga en funcionamiento de inmediato, de manera inaplazable", y que se ordene sin haber prestado audiencia previamente al presunto agresor. Una vez acordada la medida, el acusado debería comparecer ante el juez en un plazo no superior a las 72 horas, de modo que pueda oponerse a la decisión.
Además, los grupos instan al Gobierno a realizar un estudio criminológico sobre los supuestos más graves de violencia de género que permita mejorar el sistema de protección y la elaboración de una guía de buenas prácticas procesales.
UN INFORME EN TRES MESES
Ante la evolución de los crímenes por violencia machista, los grupos del Congreso han decidido reclamar al Gobierno un informe, en el plazo de tres meses, que determine la efectividad de las medidas de protección a las víctimas.
Antes de introducir nuevos cambios legislativos, los partidos proponen diseñar una base de datos en la que se analicen los perfiles de víctimas y agresores, así como los distintos tipos de violencia que se ejercen sobre la mujer, incluida la económica.
A partir de ahí, sugieren mejorar la protección de la víctima en cada fase procesal con instrumentos como mamparas o soportes audiovisuales que eviten la confrontación visual con el acusado, así como introducir un "especial deber de vigilancia" a jueces y fiscales, que asegure la libre manifestación de voluntad de la víctima en el caso de que decida no declarar contra su supuesto agresor.
En la misma línea, se plantea mejorar la aplicación de la orden de protección para que las resoluciones judiciales que la denieguen estén "debidamente motivadas en cuanto a la inexistencia de riesgo", así como incrementar la formación en violencia de género de los profesionales jurídicos.
Los partidos también han acordado la necesidad de impulsar la elaboración de un código ético dirigido a los medios de comunicación, en el que se regule el "adecuado tratamiento" de la imagen de las mujeres y de la violencia que se ejerce sobre ellas.
Por último, instan al Ejecutivo a mejorar la protección económica de las víctimas, incrementar la planta de juzgados de violencia contra la mujer, promover puntos de encuentro voluntarios con protección a mujeres e hijos o la implementación de instrumentos de valoración del riesgo de agresión en los distintos ámbitos sociales.
