ZARAGOZA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, Ángel Dolado, declaró "visto para sentencia" el procedimiento civil iniciado contra la compañía aérea Ukranian Mediterranean Air (Um Air), la contratista alemana Chapman Freeborn y la aseguradora Busin Join-Stock Insurance por parte de los familiares de 61 militares españoles fallecidos el 23 de mayo de 2003, al estrellarse un avión Yakovlev-42 en las inmediaciones del aeropuerto de Trabzon (Turquía).
Tras dos días de vista oral, celebrada en un salón de la Feria de Muestras de Zaragoza, el magistrado dio por concluidos los trabajos y manifestó que la sentencia se hará pública en un plazo "razonable".
El letrado Rodolfo González Lebrelo solicitó la exoneración total de la compañía aérea Ukranian Mediterranean Air (Um Air) al entender que no tiene ninguna responsabilidad en el accidente.
González Lebrelo se remitió al Convenio de Varsovia, que regula algunos aspectos del Derecho internacional relativo a la navegación aérea, y afirmó que uno de sus artículos exonera a la empresa transportista, en este caso Um Air, de pagar cualquier indemnización en el caso de que antes de producirse el accidente hubiera tomado todas las medidas necesarias para evitar el suceso "o que fuera imposible evitarlo".
Sobre este aspecto, el letrado argentino comentó que la nave tenía en vigor todas las autorizaciones de vuelo y se remitió a la declaración prestada ante el magistrado ayer por el general Ibarreta, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa en la fecha del accidente, y quien "dijo que las inspecciones se habían realizado".
El abogado de la compañía aérea aseveró que en un caso de accidente aéreo nunca hay una sola causa, sino varias, y mencionó a la importancia de los fabricantes de las aeronaves, los equipos de mantenimiento, la influencia de la meteorología y la labor del control aéreo. Asimismo, rebatió algunos aspectos del informe de la Comisión Internacional, al considerar que juzga aspectos, como la fatiga de los pilotos, imposibles de valorar a posteriori.
Rodolfo González Lebrelo consideró que los demandantes, familiares de 61 militares fallecidos --murieron en total 62 soldados-- no están legitimados legalmente para solicitar una indemnización económica a la compañía porque "han recibido ya una compensación". Lebrelo se refería a los 75.000 euros que el Gobierno de España decidió abonar a cada familia afectada poco después del accidente.
Además, el letrado rechazó que sea imposible cuantificar el daño moral y afectivo de cada familiar, como pretenden los familiares, ya que esto deja abierta la puerta a una sanción millonaria. Exigió que, en caso de que el magistrado decida condenar a Um Air, calcule el daño en función del denominado 'franco poincaré', o franco-oro, una unidad de medida en oro aceptada décadas atrás y que está relacionada con un procedimiento matemático para llegar a una cifra concreta en cada caso.
Por último, González Lebrelo reconoció el inmenso dolor que sufrieron todos los familiares y afirmó que su participación en esta causa ha significado para él mismo "una etapa muy difícil y triste", tras lo que antepuso su "sensibilidad" personal hacia los familiares antes que otros extremos.
Antes de que González Lebrelo cerrara la vista oral, intervinieron los últimos letrados de la parte demandante, que no pudieron hacerlo en la sesión de la mañana. El abogado Eudaldo Vendrell subrayó que el amor no puede, en ningún caso, ser cuantificado materialmente, pero expresó a la vez que la pérdida afectiva sí es tenida en cuenta en otros procedimientos judiciales. Vendrell aprovechó su turno para reiterar que Chapman Freeborn no ha comparecido en la vista oral deliberadamente.
FAMILIARES
Minutos después de que el magistrado Ángel Dolado levantara la sesión, representantes de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 comparecieron en una rápida rueda de prensa, en la misma Feria de Muestras.
El letrado Leopoldo Gay aprovechó para solicitar a la Audiencia Nacional, donde se ubica la causa penal, remita al Ministerio Fiscal el informe de la Comisión Internacional "para que las partes dijéramos algo".
En la causa civil, las familias realizarán una actuación "compacta" para que se ejecute la sentencia inmediatamente, prosiguió Gay. El letrado reconoció que "hemos tenido la garantía de un procedimiento judicial".
El presidente de la Asociación, Alfonso Agulló, consideró probado que "el Yak-42 nunca debió despegar" y aseveró que "el caso Yak-42 comienza de nuevo, la Audiencia Nacional debe tomar el relevo".
