HUELVA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La representación jurídica de los hijos del matrimonio fallecido --F.C.F y M.P.S-- en el incendio de Minas de Riotinto que tuvo lugar el 27 de julio de 2004, que arrasó 35.291 hectáreas de masa forestal en las provincias de Huelva y Sevilla, ha solicitado la declaración de la ex consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Fuensanta Coves así como cita la "responsabilidad subsidiaria" de la Junta en este caso.
En el escrito de acusación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, se relatan los hechos acaecidos ese día y se piden 28 años de prisión para el presunto autor del mismo, E.P.P, así como apunta que "resulta evidente, por los lamentables resultados del incendio, que no se articularon los medios adecuados, no sólo para evitar la magnitud del mismo, sino para haber evitado el fallecimiento de las dos personas".
Así, indica que los fallecidos "no fueron ni avisados, ni desalojados de su vivienda, aún teniendo conocimiento la Administración de su localización". El escrito recoge además que el atestado de la Guardia Civil "detalla el lamentable estado en el que se encontraba la zona origen del incendio, en la proximidad del camino posterior de los chalets de Los Cantos, manifestando en la inspección ocular que todo el terreno del pinar estaba cubierto por una gran acumulación de pasto y en este foco se acumulan restos vegetales de podas y cortas de césped de los chalets próximos".
Considera "acreditado" que la Junta de Andalucía "ha obviado las competencias que tiene delegadas por la Administración central en materia de prevención, extinción y lucha frente a los incendios forestales". Apunta que los hechos narrados son constitutivos de un delito de incendio forestal, con peligro para la vida o integridad física de las personas, y dos delitos de homicidio imprudente, en la persona de E.P.P.
Por su parte, indica que la Junta de Andalucía es "responsable civil subsidiario al tener delegada la competencia en materia de incendios forestales". En primer término, según recoge el escrito, los hechos "acontecen en un marco geográfico sometido al control de la Junta. En segundo término, los dirigentes de la Administración han infringido los reglamentos y disposiciones de la autoridad en relación con la comisión del hecho".
Y, por último, establece que "si la Junta hubiese cumplido con las competencias que tiene delegadas en la materia y hubiese observado y aplicado la normativa específica existente en relación a la prevención, extinción y lucha frente a los incendios forestales, éste no hubiese alcanzado las proporciones constatadas, ni hubiese causado el fallecimiento de las víctimas, ni los ingentes daños que figuran en la causa".
"DESATENCIÓN NEGLIGENTE"
La acusación particular, ejercida por los letrados Máximo sabugal, Antonio Rubio e Inmaculada Morgado, considera así que la Administración ha "desatendido negligentemente" sus obligaciones en materia de prevención y extinción del incendio. Además, añade, como ejemplo, "que las convocatorias para la celebración de los concursos para adjudicar los contratos de obra de cortafuegos en la provincia de Huelva no fueron publicados hasta después del incendio".
Igualmente, "la convocatoria para la concesión de ayudas para prevención y lucha contra incendios forestales correspondientes al año 2003 no ha sido resuelta hasta junio de 2005".
Por otro lado, el citado escrito expone el "funcionamiento anormal del servicio público" o un "cumplimiento anormal de las funciones propias de la Junta de Andalucía", que, según añade, "son dos. En primer término, la prevención del incendio y, en segundo lugar, la extinción del mismo".
En cuanto a la prevención, señala "la ausencia de planes de ordenación de los recursos naturales en las zonas quemadas", así como la "ausencia de adopción de las medidas propias de la calificación de la zona como de alto riesgo; ausencia de planificación tendente a la defensa frente a los incendios forestales; la ausencia de planes locales de emergencia contra incendios".
Por otro lado, indica la "convocatoria retardada para la contratación de las obras de prevención de incendios 'cortafuegos' con posterioridad a la producción del incendio en la época estival de mayor riesgo y la ausencia de Proyecto de Ordenación de Montes en los montes públicos quemados, que son más de la mitad de la superficie total afectada".
Asimismo, recoge que, "una vez se ha producido el incendio, la Junta de Andalucía no actuó de forma adecuada para su extinción".
