BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha imputado a 115 trabajadores de una empresa por engañar a clientes de una compañía telefónica para que cambiaran de operadora. Los empleados, para facturar más contratos, falsificaban firmas o engañaban a sus víctimas, normalmente de edad avanzada, para obtener nuevos contratos.
En total, estos trabajadores habrían timado a 352 clientes de 29 provincias españolas. En concreto, los estafados viven en Catalunya, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Aragón, Madrid, La Rioja, Cantabria y Extremadura, además de varias provincias de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y A Coruña.
La investigación empezó en octubre del año pasado cuando una organización de consumidores recibió un importante número de reclamaciones contra una compañía telefónica, Auna, porque no eran conscientes de haber contratado sus servicios. Paralelamente, se presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Barcelona por el mismo motivo.
Al conocer las reclamaciones y la denuncia, la compañía operadora interpuso una querella contra la empresa encargada de comercializar sus productos y conseguir contratos. Además, puso a disposición del juez un total de 851 contratos de preasignación telefónica, tramitados entre 2003 y 2004, que podrían haber sido falsificados sin su conocimiento.
Finalmente, de todos estos contratos, 352 se determinaron como irregulares, la mayoría pertenecientes a personas mayores. De los contratos fraudulentos, 166 habían sido falsificados con firmas falsas, mientras que otros 186 se tramitaron tras engañar a los usuarios, que accedían a firmarlos.
Los empleados utilizaban un método bastante sencillo para engañar a sus víctimas. Les solicitaban alguna factura de la compañía telefónica con la que tuviera contrato, y así disponían de todos los datos necesarios para cambiar de operadora.
En algunos casos falsificaban directamente las firmas, pero en otros convencían a los propietarios de la línea para que firmaran un documento con el pretexto de que no tendría transcendencia en la facturación y que sólo servía para su divulgación comercial.
Los empleados imputados trabajaban individualmente y conseguían mayores comisiones cuantos más contratos obtenían.
LA COMPAÑÍA COLABORA CON LA JUSTICIA.
En declaraciones a Europa Press, un portavoz de Ono --compañía que compró Auna en noviembre de 2005-- recordó que la propia operadora telefónica "inició acciones penales contra la compañía que presuntamente cometió fraude". "Desde entonces, y cerrada la adquisición, Ono ha colaborado en todo momento en la acción de la Justicia".
La compañía confía en que "este caso suponga un paso adelante importante en la defensa de los derechos de los consumidores de España contra este tipo de casos".
