La magistrada acordó en un auto mantener las diligencias contra el regidor por un delito de negociaciones prohibidas
A CORUÑA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha defendido la actuación de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña contra la que el alcalde del municipio coruñés de Oleiros, Angel García Seoane, anunció su intención de presentar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por supuesta prevaricación.
El alcalde de Oleiros, de Alternativa dos Veciños, realizó este anuncio tras recibir el auto en el que la jueza, a la que este Ayuntamiento le abrió en su día un expediente por "infracción urbanística" en una vivienda de su propiedad, acordaba continuar las diligencias abiertas contra el regidor por supuesto delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en contra del criterio de la Fiscalía.
En un comunicado, y después de que la jueza haya decidido abstenerse del caso para emprender acciones judiciales contra el regidor por sus manifestaciones, la APM afirma que la abstención de la jueza "no supone de ningún modo aceptar las acusaciones formuladas, sino solamente poder disponer de la necesaria libertad para emprender las acciones legales que considere oportunas ante la gravedad de sus afirmaciones", añade.
Por otra parte, incide en que la ley atribuye al juez de instrucción "la facultad de dirigir la investigación penal y de decidir sobre su contenido, sin más límites que la propia ley y el de la existencia de una parte pública o privada que pretenda acusar" precisa.
"CONFORME A DERECHO"
Paralelamente, sostiene que en las diligencias penales mencionadas por el alcalde de Oleiros "la magistrada ha actuado conforme a derecho, dentro del marco de sus competencias y respetando escrupulosamente esos límites" argumenta.
Mientras, califica las declaraciones del regidor de Oleiros como "un grave atentado contra la independencia judicial", al tiempo que rechaza "descalificaciones personales y más todavía la atribución de conductas delictivas a quien se limita a ejercer con normalidad las tareas que le son constitucionalmente encomendadas", concluye.
