Asociación Pro Derechos Humanos pide que se investigue una denuncia sobre un centro de menores de Torremolinos (Málaga)

Actualizado: viernes, 24 febrero 2006 18:30

MÁLAGA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha solicitado que se investigue "a fondo" la denuncia presentada por presuntos abusos y malos tratos a menores en el centro la Biznaga de Torremolinos (Málaga), apoyando, de esta forma, la queja de oficio planteada por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.

Así, señalaron, en un comunicado, que "desgraciadamente no es la primera vez que se producen denuncias de este tipo en Andalucía y que ponen en entredicho las garantías que imperan en el sistema de reforma juvenil". "Las quejas y denuncias de los menores y de algunos profesionales de los centros de reforma ante el sistema educativo que se emplean en el ámbito de la reforma juvenil se han incrementado en los últimos tiempos", apuntaron.

Precisaron que el colectivo "se hizo eco e inició actuaciones de investigación" a nivel general durante los años 2004 y 2005 "hasta donde le fue posible", ya que, según dijeron, "la Consejería de Justicia no autorizó nuestra entrada", e incluso llegaron a emitir "un informe al respecto". Ante los hechos acaecidos, la asociación "planteó queja al Defensor del Pueblo Andaluz, así como la iniciación de un expediente de investigación ante la Dirección General de Reforma Juvenil".

"Como consecuencia de todo ello, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, responsable de la ejecución de las medidas, aunque delegue a entidades privadas la gestión de los centros en los que se cumplen las mismas, comenzó a elaborar a partir de entonces un protocolo tendente a evitar y controlar que dichos hechos no se pudieran cometer abusos de ningún tipo hasta entonces inexistente", explicaron.

No obstante, lamentaron que esta semana "vuelven a salpicar voces de profesionales que, responsablemente, denuncian posibles abusos y malos tratos cometidos por otros educadores y trabajadores en centros de reformas andaluces, como es el caso de La Biznaga", al tiempo que destacaron que los centros denunciados "siempre se han defendido achacando las denuncias a conspiraciones o intereses ocultos de los menores, cuando no a venganzas laborales de los ex trabajadores".

En este sentido, dijeron no entender "cuáles podrán ser los citados intereses, ni desde luego el por qué se cuestiona la gallardía ciudadana de no permitir que se solapen posibles irregularidades sometiéndolos a una investigación judicial en la que sean contrastados y esclarecidos los hechos".

Desde el colectivo, felicitaron la iniciativa del Defensor del Pueblo y se sumaron a ésta con una serie de proposiciones, entre las que destacan instar a la Administración andaluza y al Poder Judicial "a que promuevan un proceso ágil y garantista para conseguir el esclarecimiento de los hechos", y a que se adopten de forma "inmediata" por parte de la Consejería de Justicia "todas las medidas cautelares que puedan ser necesarias para erradicar estas situaciones de abuso, como la suspensión de empleo y sueldo a los trabajadores imputados y la rescisión de los convenios de colaboración con aquellas entidades reiteradamente denunciadas".

Asimismo, exigieron que los juzgados de guardia ante hechos de este tipo "adopten las medidas cautelares frente a los presuntos autores" y reiteraron la necesidad de que "se permita a la sociedad, a través de ciudadanos voluntarios y movimientos asociativos, el poder colaborar en el mejor funcionamiento de los centros de reforma posibilitando su entrada".

Además, abogaron por "dotar de transparencia a cualquier espacio". "Si seguridad buscamos con el ingreso de determinados menores en centros de reforma, seguridad jurídica exigimos en el cumplimiento de las medidas impuestas para que propiciemos los medios necesarios que materialicen las exigencias propias de un estado de social y de derecho como el nuestro", apuntaron.

Por último, pidieron la revisión de los planes educativos de los centros conveniados, "instaurando el diseño y el desarrollo de estrategias curriculares que potencien el carácter educativo en la ejecución de las medidas judiciales a menores, manteniendo un sistema de evaluación e inspección continua sobre la autonomía pedagógica y organizativa de la que gozan actualmente las entidades gestoras".