MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, defendió hoy que el juez de Alcobendas ante el que compareció Astrit Buschi, el capo acusado de encabezar la banda que agredió al productor de televisión José Luis Moreno, "no necesitaba" saber "qué tipo de delincuente" tiene delante para adoptar la resolución de la causa que está conociendo.
"Él no puede decidir en base a otro procedimiento sino a los indicios que hay en esa causa", aseveró la portavoz del órgano de gobierno de los jueces para insistir en que la responsabilidad del juez se limita a conocer "las circunstancias y los indicios" respecto al procedimiento abierto. En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, añadió que son la acusación particular o el Ministerio Fiscal los encargados de solicitar la prisión provisional del acusado.
"Después de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez de oficio no puede acordar una prisión provisional, tiene que ser la acusación particular o el Ministerio Fiscal quien en la comparecencia la tiene que solicitar", explicó.
Dicho esto, aseguró que el protocolo "normal" de actuación establece que cuando un preso acude a un juzgado, "con independencia de la resolución" que su titular adopte, debe volver al centro penitenciario. "En el caso de que el juez decida otorgar libertar provisional al condenado por la causa que está conociendo, esa libertad se debe ejecutar en el centro penitenciario", alegó Bravo, quien argumentó que el juez "no sabe exactamente" si tiene alguna otra causa pendiente por la cual debe continuar preso.
Por lo tanto, remarcó la portavoz del CGPJ, será en la cárcel donde se compruebe que el acusado no tiene otra causa pendiente. "Ese es el protocolo normal", remachó.
INVESTIGACIÓN DEL CGPJ
En relación con la investigación abierta por el CGPJ para esclarecer los hechos, Bravo indicó que las labores de inspección para elaborar un informe se extenderán a lo largo de un mes y una vez realizado este documento la comisión disciplinaria establecerá si incoa diligencias informativas, directamente un expediente o si estima que no hay responsabilidad disciplinaria y la actuación del juez se ha desarrollado conforme a los parámetros legales, archivará la investigación.
"Trataremos de dilucidar si hay alguna posibilidad de concretar alguna cuestión por parte del órgano jurisdiccional que pudiera derivar en responsabilidad disciplinaria. Si no es así y se pudiera desprender de los hechos la posible comisión de un delito, se derivaría a los órganos jurisdiccionales competentes", señaló.
Finalmente, concluyó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, comparecerá hoy en la sede del Consejo para aportar la documentación que éste último "tendrá en cuenta como un dato más" en la investigación que está realizando.
