GRANADA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Granada ha condenado a la pena de trece años y medio de prisión y multa de 2.720 euros a una mujer, María D.O.C., de 57 años, acusada de captar mujeres de nacionalidad brasileña para que ejercieran la prostitución en los dos locales de citas que regentaba en Granada y explotarlas laboralmente reteniendo además sus pasaportes para evitar su marcha.
A la mujer, también brasileña, se le atribuye la autoría de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro contra los derechos de los trabajadores, tres delitos relativos a la prostitución y otro contra la salud pública, puesto que en sus establecimientos se encontró droga y balanzas de precisión. Además del pago de las costas y la multa, la procesada deberá hacer frente también al abono de una indemnización a dos de sus víctimas en la cantidad de 1.500 euros para cada una.
En la sentencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press, el tribunal considera probado que la procesada ofertaba trabajo en la prostitución, "en connivencia con terceras personas domiciliadas en Brasil", a mujeres de nacionalidad brasileña "con la promesa de ganar mucho dinero", una vez saldasen la deuda contraída con ella, dado que era quien les facilitaba los pasajes en calidad de turistas y gastos del viaje.
Una vez en España, las recogía personalmente en el aeropuerto de destino, ya fuera en Madrid o en Málaga, y a bordo de una furgoneta de su propiedad las trasladaba a Granada. La ahora condenada les retenía sus pasaportes para evitar que abandonaran su actividad, y ya en Granada les informaba de las condiciones que estaban obligadas a cumplir y que eran "sumamente gravosas", dado que si bien todas conocían que iban a prostituirse y de las tarifas de los servicios, realizados los mismos María no les entregaba cantidad alguna cuando los realizaban, con el pretexto de que la mitad del dinero era para pagar la deuda y la otra mitad por el alojamiento y manutención.
Las mujeres generaban así más deuda cada vez que precisaban hacer algún gasto o para alimentarse, con lo que la acusada se aseguraba de que continuaran ejerciendo la prostitución y así poder seguir "lucrándose", incide el tribunal en el fallo.
"RÉGIMEN DE CUARTEL": 24 HORAS TRABAJANDO
La procesada obligaba a las mujeres explotadas a trabajar 24 horas si había clientes para ello, les controlaba cada uno de los servicios prestados, las sancionaba económicamente si no trabajaban argumentando "excusas" como la menstruación y se veían obligadas a compartir una misma cama para tres o cuatro personas, lo que les llevó a establecer turno para poder dormir ante la falta de espacio.
Para los magistrados de la Sección Primera, María D.O.C. sometía a las mujeres a un "régimen de cuartel": alojamiento colectivo, honorarios extenuantes, vigilancia permanente y retención de la totalidad de las ganancias para el pago de la deuda contraída en razón del viaje.
Por ello, "y aunque las víctimas hubieran aceptado ejercer la prostitución en el país de acceso, y aunque en otras circunstancias la hubieran ejercido libremente e incluso, aunque algunas así lo hagan posteriormente, lo cierto es que durante el lapso de tiempo que se vieron abocadas a prostituirse en condiciones de coacción y vigilancia, hasta saldar el caprichoso monto de su supuesta deuda, cada una de las afectadas tuvo restringida severamente su libertad de determinación para practicar o no la prostitución".
Tras tener conocimiento la Policía de que en los locales que regentaba esta mujer podría estar ejerciéndose la prostitución ilegal, el 13 de septiembre de 2009 se registraron registrar los dos establecimientos, ambos en la capital, donde se hallaron los pasaportes de dos de las cuatro víctimas; dos balanzas de precisión; dinero en metálico, dos terminales TPV, así como 146,12 gramos de cocaína, con un precio de 59,65 euros el gramo en el mercado ilícito.
