VIGO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La fiscal encargada de la causa por el asesinato de Sara Alonso --la camarera de 24 asesinada en septiembre de 2004 en Vigo-- solicita penas que suman 30 años de cárcel para el único imputado por este crimen, el brasileño de 26 años Marcos Da Silva, amigo personal de la víctima.
Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas de este caso, la Fiscalía solicita para el único acusado 20 años de cárcel por asesinato con alevosía y otros 10 años por agresión sexual. Asimismo, también pide una indemnización de 60.000 euros para la familia de la joven.
Por su parte, la acusación particular incrementa la petición de condena para el acusado hasta los 46 años de prisión. Así, reclama para Marcos Da Silva una condena de 25 años de cárcel por asesinato con el agravante de alevosía y ensañamiento, otros 15 años por agresión sexual y otros 6 por detención ilegal. La acusación particular también solicita una indemnización de 240.000 euros para la familia de la joven.
Por su parte, la defensa pide la libre absolución para el único acusado por el asesinato de Sara Alonso, que será juzgado próximamente en un proceso que, según fuentes jurídicas, se prolongará durante varios días porque está previsto que declaren unas 80 personas entre peritos, testigos y policía.
DESAPARICION
Sara Alonso desapareció el 18 de septiembre de 2004 por la noche tras salir de copas con sus amigos, pero su cadáver no fue hallado hasta el sábado 9 de octubre de ese año en una finca de la parroquia viguesa de Canido. El cuerpo apareció en avanzado estado de descomposición y su identidad fue confirmada mediante una prueba dactilar realizada por la Policía científica días después.
Tras una serie de investigaciones, repetidas declaraciones por parte de numerosos amigos de la joven, de sus familiares y del dueño de la cafetería en la que trabajaba, se ordenó llamar a declarar al ex novio de Sara Alonso y a Da Silva.
Tras algunas contradicciones en su declaración y varios registros en su domicilio, la policía judicial recabó suficientes pruebas inculpatorias que llevaron a la jueza que instruye el caso a ordenar el ingreso del joven brasileño en la prisión pontevedresa de A Lama.
