VALENCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, manifestó hoy que la red de tráfico de armas desarticulada Viladecans (Barcelona), Castellón y Logroño, tenía "una fuerte implantación" y una "fuerte incidencia".
Peralta realizó estas declaraciones a preguntas de los periodistas, tras la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Seguridad del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de Valencia.
Según Peralta, las investigaciones "han permitido un resultado magnífico", que es "desarticular una red de manejo de armas, con toda la peligrosidad que eso entraña, que tenía una fuerte implantación y una fuerte incidencia".
Apuntó que aunque no esté completamente desarticulada la trama, "porque lógicamente de las investigaciones y de todo el material que se ha incautado cabe apreciar que pueda aparecer cualquier ramificación pequeña, pero la investigación está sustancialmente cerrada en estos momentos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
La Guardia Civil desmanteló un taller de fabricación de armas en el barrio de San Lorenzo de Castellón y realizó tres registros domiciliarios --uno en San Lorenzo y dos en el Perpetuo Socorro-- dentro de la operación en la que detuvo a cinco individuos por supuestament traficar con armas en Viladecans (Barcelona), Castellón y Logroño, dos de ellos --los arrestados en Castellón-- ingresaron ayer en prisión, según informaron fuentes de la investigación.
Todos ellos forman parte de una red española que vendía armas a delincuentes y terroristas, que habría introducido en el mercado negro más de 3.000 armas en perfecto estado a lo largo de este año.
Entre los detenidos, hay al menos dos miembros del clan criminal familiar de los Gabarri, detenidos en los citados barrios de Castellón, y para los que el juez ya ha ordenado su ingreso en prisión.
Los otros detenidos son un padre y un hijo propietarios de una armería de Viladecans (Barcelona), y el propietario de una armería en Logroño. A través de estas tiendas, se proveían las armas que luego distribuía el clan de Castellón.
Las armerías recibían armas de personas que, por motivos varios, querían dar de baja. Siguiendo los protocolos legales, las utilizaban, y en vez de proceder a su destrucción, las vendían al clan de los Gabarri, que las manipulaban hasta dejarlas totalmente limpias, a punto para ser utilizadas. Los Gabarri cobraban entre 2.500 y 3.000 euros por cada arma que revendían en el mercado negro.
La investigación la ha coordinado la Fiscalía Anticorrupción y un juez de Gavà, la han ejecutado agentes especiales de la Guardia Civil de Barcelona y, por ahora, continúa abierta, ya que se tienen indicios de que esta red habría abastecido de pistolas y munición a organizaciones terroristas internacionales.
