La investigación ha culminado tras el testimonio de arrepentidos y una sentencia en Francia
BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una juez de Martorell (Barcelona) ha imputado a cinco guardias civiles y a un ex inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por su presunta relación con el robo de unos 400 kilos de cocaína en el Puerto de Barcelona en enero de 2005. Los imputados pudieron haber facilitado el robo de la droga por parte de delincuentes comunes a cambio de grandes cantidades de dinero, según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales.
Tras tres años de investigaciones y cuando el caso parecía paralizado, una sentencia en Francia y el testimonio de dos arrepentidos hicieron que la juez decretara hace dos semanas el secreto de sumario, que sigue vigente, según avanzó hoy la Cadena Ser.
En los últimos días, la juez ha citado a declarar a varios implicados y hoy declararon los policías. Por lo menos para dos de ellos ha decretado su ingreso en prisión.
Los afectados son un ex inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) --que dejó el cuerpo voluntariamente hace más de dos años, según aseguraron a Europa Press fuentes del CNP--, un subteniente de la Guardia Civil de la unidad antidrogas, cuatro agentes de la unidad de la Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona y otro destinado al destacamento del Puerto.
Según la Fiscalía Anticorrupción y la juez de Instrucción número 3 de Martorell, los agentes colaboraron con una banda dirigida por los delincuentes Daniel R., alias 'el Bolo', y Javier S., alias 'Trapero'. Ambos ya están en prisión por el mismo caso tras declarar ante la juez hace una semana.
Los policías informaron a la banda sobre la presencia de un contenedor con 1.000 kilos de cocaína en el Puerto de Barcelona y les explicaron cómo tenían que actuar para no ser detenidos. Tras la venta de la droga en el mercado negro, los agentes cobraban grandes sumas por sus servicios e invirtieron parte de este dinero en operaciones inmobiliarias que ahora están siendo investigadas.
Se cree que el ex inspector cobraba de la banda para "facilitarles" información "reservada" sobre investigaciones policiales que les pudieran afectar.
Este caso no es aislado, según las investigaciones, y los delincuentes pudieron haberse dedicado desde hacía años al robo de contenedores vigilados por la autoridad judicial.
Una sentencia del año pasado dictada por un tribunal de Nancy (Francia) condenó a dos miembros de la banda detenidos en 2006 en este país, Salvador A. y Jorge B., a cinco y tres años de cárcel respectivamente por blanqueo de capitales y por traficar con cocaína procedente del robo del puerto barcelonés.
CONTENEDOR SEGUIDO POR LA DEA.
El 22 de noviembre de 2004 llegó al Puerto de la capital catalana el buque 'Hispanota' y descargó un contenedor frigorífico con gambas congeladas. Escondidos, había 974 paquetes de alrededor de un kilo de cocaína. En total, había 1.077 kilos.
La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, alertó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de la mercancía ilegal que había en el contenedor, por lo que se dispuso un operativo para detener a los destinatarios de la mercancía.
El 23 de enero de 2005 el Grupo de Escuchas de la Guardia Civil interceptó una conversación entre varios delincuentes comunes investigados por varios delitos. Los sospechosos hablaban sobre la droga del contenedor, lo que evidenció que el robo ya se había producido sin que los agentes encargados de la vigilancia se percataran.
Las investigaciones posteriores culminaron en julio de 2006, cuando la juez de Martorell ordenó la detención de nueve personas del grupo en Barcelona, para quien dictó su encarcelamiento como "autores" del robo, y el arresto de otras seis personas por recibir el contenedor en el Puerto de Alicante. Otro miembro de la banda había sido detenido un mes antes en Granada y ya facilitó detalles de la relación entre policías y traficantes.
Entre los detenidos ya se encontraban 'el Bolo' y 'Trapero', además de David B., alias 'Chucho', y Antonio B., 'Gordo'. Siete meses después pagaron altas fianzas y quedaron en libertad con cargos.
El Instituto Armado elaboró un informe en el que ya se detallaba que los agentes implicados habrían ayudado a los narcotraficantes y les habrían explicado el desarrollo de las investigaciones. En algunas conversaciones telefónicas interceptadas, los delincuentes se jactaban de la protección policial y explicaban los encuentros clandestinos que mantenían.
La Guardia Civil intentó procesar a los agentes por su "manifiesta connivencia", pero la juez no ordenó nunca su imputación. Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción se hizo cargo del caso y el 4 de febrero remitió un informe que instaba a la reapertura del caso.
Según la Fiscalía, un arrepentido de la banda aportó nuevos datos incriminatorios sobre sus compañeros y sobre los guardias civiles y el ex inspector de Policía. Además, la Fiscalía tuvo conocimiento de la sentencia del juzgado de Nancy.
Pocos días después de recibir el informe de la Fiscalía, la juez citó a declarar el lunes día 11 de febrero al arrepentido. El viernes citó a Daniel R. y a Javier S. y decretó prisión incondicional para ellos por narcotráfico, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, secuestro y lesiones.
Finalmente, hoy la juez citó a declarar a los guardias civiles y al policía nacional, que quedaron imputados por corrupción, soborno y pertenencia a banda criminal. Por todo ello, ingresaron en prisión, en lo que se considera uno de los mayores casos de corrupción policial detectado en Cataluña en los últimos años.
