BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
José Antonio, el joven agredido por un grupo de Mossos d'Esquadra que le detuvieron ilegalmente tras una disputa, se mostró satisfecho ayer por la sentencia que condena a tres agentes a cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación, aunque lamentó que el juez haya dejado impunes a los otros cinco agentes que presenciaron los hechos.
La víctima condenó también las continuas "trabas" que han sufrido sus abogados hasta lograr que el juez dictara sentencia. En este sentido, su abogada, Núria Vilarnau, señaló que "los Mossos parecen más interesados en defender a los agentes con el dinero de todos que en conocer la verdad".
El 2 de junio de 2006, José Antonio estaba con un amigo en la discoteca 'Bikini' de Barcelona, cuando su compañero tocó sin querer las nalgas de una agente que estaba fuera de servicio. En ese momento, la agente, dos de sus compañeros, José Antonio y un amigo salieron fuera del recinto hasta que llegó otra patrulla.
Minutos después José Antonio fue trasladado a la comisaría de Les Corts y allí los dos agentes que estaban en la discoteca le propinaron una paliza, al mismo tiempo que le insultaban, mientras otros mossos presenciaban la escena "sin hacer nada".
Ahora, después de tres años del suceso, la Audiencia de Barcelona condena a José Antonio a pagar 60 euros por una falta de malos tratos por empujar a un agente y absuelve a su amigo de acoso sexual.
SENTENCIA
La Sala ha condenado a los tres agentes a tres años de prisión y ocho más de inhabilitación por un delito de detención ilegal por el que deberán indemnizar a José Antonio M.C. conjuntamente con 6.000 euros.
Los dos mossos también han sido condenados a otro año de cárcel y a tres más de inhabilitación por un delito contra la integridad moral, a pagar una de 400 euros cada uno por una falta de lesiones y a indemnizar a José Antonio M.C. con 2.200 euros. La mossa que les acompañaba aquella noche ha sido condenada a tres años de cárcel por el arresto ilegal y deberán indemnizar a José Antonio con un total de 8.200 euros. La Conselleria de Interior deberá afrontar el pago de ambas indemnizaciones como responsable civil subsidiaria.
