PSPV y EU-Entesa piden dimisiones porque consideran que la tragedia se podría haber evitado
VALENCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
La propuesta de dictamen elaborada por el PP para la comisión de investigación sobre el accidente de metro de Valencia concluye que "no puede derivarse ninguna responsabilidad política" de un siniestro que no era "ni previsible" ni "evitable" y cuya causa fue el "exceso de velocidad", si bien considera que se debe "continuar potenciando y desarrollando sistemas de seguridad" y, para ello, propone la creación de una agencia específica sobre esta materia y la regulación por ley de criterios a nivel autonómico y estatal.
Por su parte, el PSPV estima que es "necesario" asumir "responsabilidades políticas que han de empezar por ser demandadas por el Consell a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y por el Parlamento autonómico al Gobierno valenciano y EU-Entesa cree "imprescindibles" las dimisiones del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón.
El PP considera que este accidente, en el que fallecieron 43 personas, "debe servir para continuar potenciando y desarrollando sistemas de seguridad y nuevas medidas con las que se continúe mejorando y avanzando en la calidad y seguridad del transporte ferroviario". Por esta razón, propone al Consell que cree por ley una agencia de seguridad de todos los modos del transporte, con funciones de vigilancia y control de los sistemas en este ámbito.
Además, plantea la elaboración de un proyecto de ley autonómico que regule la gestión y explotación, infraestructura, coordinación de modos, material móvil, formación de maquinistas, planes de seguridad y avances tecnológicos y financiación aplicables a las líneas de ferrocarriles competencia de la Generalitat.
También solicita al Gobierno valenciano la elaboración y presentación de un proyecto de proposición de ley de las Corts para su tramitación ante el Congreso al objeto regular los criterios de seguridad en los ferrocarriles de competencia estatal. Con esta regulación normativa, el PP pretende cubrir un "vacío legal" existente no sólo en la Comunitat Valenciana, sino en España y en la UE.
Las conclusiones del grupo mayoritario establecen que "no puede derivarse responsabilidad política alguna" de este accidente, porque "ha quedado demostrado el sistema de frenado instalado en la línea 1 es el adecuado" para sus características, configuración física, régimen de explotación y frecuencia de paso de trenes y porque la política del Consell "ha sido la constante mejora de la seguridad".
El PP considera que "todas las pruebas" conducen a la conclusión de que la causa del accidente fue el exceso de velocidad en la curva del accidente y que las investigaciones realizadas "descartan" que "pudiera concurrir algún fallo mecánico, técnico, de conservación o cualquier otro motivo", todo ello "sin perjuicio de lo que pueda resultar de la investigación judicial en marcha".
La propuesta de dictamen establece que los trabajos de la comisión acreditan que la línea 1 es "segura", que los sistemas de seguridad instalados "son los correctos y apropiados para sus características y régimen de explotación", que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cumplió "correctamente con sus responsabilidades" en la revisión del tren y la comprobación del estado de las vías y que el maquinista "contaba con la cualificación profesional necesaria para el ejercicio de su función".
PROPUESTA PSPV
Por contra, el grupo socialista reclama en su propuesta de dictamen mejoras "urgentes" en materia de seguridad para la línea 1 y, en este sentido, demanda la realización de una auditoría externa, la revisión del programa de formación de maquinistas, el establecimiento de un sistema de la revisión de la salud de los trabajadores y la puesta en marcha de inversiones en la renovación y ampliación del número de trenes.
El PSPV acusa al Consell, FGV y PP de "extremar las limitaciones a la investigación, negar instrumentos de información e impedir las comparecencias, provocando obstáculos permanentes a la investigación", al tiempo que considera "acreditado" que, por parte del Gobierno valenciano, ha habido "prioridades en las inversiones que han tenido como consecuencia una falta de calidad , innovación de materiales y seguridad en la línea 1".
Por todo ello, concluye que es "necesario, como corresponde en una democracia avanzada y transparente, asumir responsabilidades políticas que han de empezar a ser demandadas por el Consell a la empresa y por estas Corts al Consell, al menos, en la persona de quien resulta ser, actualmente, responsable político de las infraestructuras y de los transportes en esta Comunitat".
Los socialistas sostienen que deben pedir estas responsabilidades las Corts porque no han surgido por propia voluntad del Gobierno ni el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, las ha demandado, sino que desde "el primer día ha mantenido una actitud de silencio, carencia de respuesta y falta de atención a estas Corts y a la opinión pública que quiebra la conducta y la actitud que en un máximo responsable político de gobierno y de partido, que lo es a la vez, se espera".
Respecto a las causas del accidente, el PSPV concluye que el siniestro "hubiera podido evitarse" y señala que la curva en la que se produjo, situada antes de llegar a la estación de Jesús, "presentaba y evidenciaba un riesgo que no fue detectado por la empresa".
PROPUESTA EU-ENTESA
La propuesta de dictamen de EU-Entesa para la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente reclama la puesta en marcha de un plan integral de seguridad en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y recomienda mejorar y prolongar la formación del personal de FGV en general y de los maquinistas en particular.
Este grupo parlamentario considera que el accidente "se hubiera podido evitar" si FGV hubiese colocado balizas en las curvas con limitación de velocidad, y se hubiera implantado en la línea 1 el sistema de frenado ATP. En opinión de EU-Entesa, "una política de despreocupación sistemática por la seguridad ha sido la última responsable de que el 3 de julio se produjera el accidente más grave de toda España en trenes suburbanos".
Para este grupo, García Antón "no puede continuar ni un día más en un cargo en el que ha demostrado que ha fallado", porque "su continuidad y la de su equipo es un lastre para la sociedad valenciana" y también considera "imprescindible" la dimisión de Camps, porque "debería haber velado por asegurar las medidas que evitaran el accidente".
