El Gobierno sostiene que la atención consular que presta a los presos en el extranjero es superior a la de sus socios de la UE
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un total de 70 españoles permanecen detenidos en cárceles bolivianas y, de entre ellos, más de una docena ha solicitado ser trasladados a España, para cumplir aquí el resto de su condena, según los datos del Gobierno de Mariano Rajoy.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por escrito por la diputada de UPyD Irene Lozano, el Ejecutivo precisa que, de esos 70 detenidos --dato del 1 de diciembre de 2013-- menos de la mitad cuenta en la actualidad con una sentencia firme, requisito imprescindible para pedir el traslado a España en virtud del convenio bilateral entre ambos países en la materia.
Aunque el Gobierno no lo menciona en esta comunicación, más del 80 por ciento de los presos españoles cumpliendo condena en el extranjero se encuentra en la cárcel por posesión ilícita o tráfico de drogas. Más de la mitad del total fueron detenidos en países de Iberoamérica, frente a menos de un 40 por ciento en Europa y en torno a un 6 por ciento en Africa.
A fecha de 28 de febrero de 2014, el número total de españoles presos en el extranjero ascendía a 2.004 personas, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica en qué consiste la atención consular que se presta a estos detenidos desde la Embajada en la Paz y el Consulado General en Santa Cruz de la Sierra (este del país).
El Consulado de Santa Cruz de la Sierra realiza "visitas trimestrales" a los presos, les entrega una ayuda económica a cada uno, "dadas las lamentables condiciones" del penal donde están detenidos y "ayudas complementarias a aquéllos que lo necesitan por razón de salud" o porque tengan niños a su cargo en la prisión. Esta ayuda económica mensual puede alcanzar un máximo de 120 euros.
Los funcionarios del Consulado --con una plantilla de siete trabajadores-- visitan con igual periodicidad a dos presos españoles que cumplen condena en un asilo de ancianos tras las gestiones realizadas por el propio Consulado para lograr su excarcelación y traslado a este centro.
En la actualidad el Consulado sigue "especialmente" el caso de una española presa que ha dado a luz, un hombre de edad avanzada recluido en Palmasola, otro con una minusvalía psíquica detenido recientemente, otros dos presos con graves alteraciones psíquicas pero no diagnosticadas, y un último compatriota enfermo, detalla el Gobierno.
Por otra parte, el Consulado "está ayudando y asesora" en las solicitudes de presos españoles para acogerse al nuevo indulto aprobado por las autoridades bolivianas en septiembre de 2013.
BOLIVIA NO AGILIZA LOS TRÁMITES
En cuanto a las solicitudes de traslado a España, el Gobierno señala que la Administración boliviana "tiene dificultades" para cumplirlo y no responde a las peticiones de información que tanto el Consulado como la Embajada formulan para poder impulsar los expedientes. Sin embargo, tal y como recuerda el Ejecutivo, es el único instrumento del que se dispone para proceder al traslado del preso.
En su respuesta a UPyD, el Ejecutivo "valora positivamente" la labor que llevan a cabo las dos Oficinas Consulares de España en Bolivia y afirma que la asistencia consular española es "superior a la de los demás países de la Unión" Europea.
Como ejemplo, cita que "pocos países conceden ayudas económicas mensuales a los detenidos y menos aún en la cuantía que España las entrega". La frecuencia de las visitas a los detenidos también es "mayor", sostiene el Gobierno.
"Toda labor de asistencia consular a detenidos es susceptible de mejora pero teniendo en consideración la que otros países de renta similar a España proporcionan a sus detenidos y considerando también los márgenes que marca la actual situación presupuestaria, se puede calificar la asistencia consular española en Bolivia como adecuada", sostiene el Ejecutivo.
La respuesta del Gobierno se conoce poco después de la publicación del informe del Defensor del Pueblo, que ha calificado de insuficiente la atención consular de España a sus ciudadanos en el extranjero, como consecuencia de la falta de medios humanos y materiales.
