Actualizado 16/11/2006 21:33

Gobierno y CCAA dan el visto bueno al proyecto de Ley de acceso electrónico a las administraciones

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y responsables del ramo de las comunidades autónomas dieron hoy el visto bueno en Madrid, con matices, al proyecto de Ley de acceso electrónico a las administraciones públicas, que permirtirá a los ciudadanos utilizar las nuevas tecnologías para comunicarse con la Administración.

No obstante, ninguno de los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Baleares) acudieron a la cita, siendo representados por responsables "de segundo nivel", lo que a juicio de la consejera de Justicia y Administraciones Públicas andaluza, María José López Granados, es un hecho "positivo" porque demuestra que las comunidades del PP "no pueden decir que no a la ley". Así, en su opinión, el 'plante' de los consejeros del PP denota que "no existe una oposición frontal" al contenido del proyecto de Ley.

En concreto, a la reunión acudieron, aparte de Jordi Sevilla y la consejera andaluza, el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat de Cataluña, Xabier Sabaté; el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, José Luis Méndez; la consejera de Presidencia de la Junta de Extremadura, Casilda Gutiérrez; y el consejero de Presidencia y Gobernación de la ciudad de Melilla, Abdelmalik El Barkani Abdelkader, entre otros.

El proyecto de ley pretende implantar las ventajas en comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías --con especial atención a la gestión por internet-- para constituir una administración en la red. Dicha medida fue anunciada el pasado 27 de octubre por Jordi Sevilla, quien detalló que destinará 1.900 millones de euros para equipar de recursos y medios a las diversas entidades de gobierno.

Además, el proyecto de ley contempla que que para el 2008 se realice el cumplimiento de la aplicación en la Administración General del Estado, y para el 2010 su implantación en los organismos autonómicos y locales. Su objetivo es que las entidades públicas ganen en eficacia y rapidez en la gestión de las necesidades de los ciudadanos, regulando certificados y tramitaciones por medio del DNI o la Firma electrónica, así como la operatividad de las administraciones durante las 24 horas del día.

FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE CIUDADANOS.

Para López Granados, esta ley propiciará "la transversalidad" e "interoperatividad" entre CC.AA y fomentará "la igualdad" entre ciudadanos. También explicó que en la reunión constató que en los plazos de aplicación "existen comunidades más avanzadas que otras" e instó a la "rapidez" en la aplicación de los contenidos de la ley puesto que "lo exige la UE".

Según la consejera, para quien la ley supondrá un "reconocimiento básico de derechos" de los ciudadanos, destacó que los representantes 'populares' no mostraron "ninguna oposición frontal a la ley" aunque sí tuvieron "algún pequeño reparo".

Por su parte, la consejera de Presidencia de la Junta de Extremadura, Casilda Gutierrez, señaló que se trata de una norma "progresista" que reconoce la administración electrónica "como un derecho de los ciudadanos y no como una potestad de las administraciones". Respecto a la financiación del proyecto, detalló que, en el caso de las administraciones locales, éstas tendrán la posibilidad de acogerse a una serie de ayudas a través de "formas de coordinación con las administraciones autonómicas".

Asimismo, Guitierrez expresó el apoyo de la Junta de Extremadura a una ley que permitirá "la coordinación y la cooperación" entre todas las adminitraciones y recordó que la nueva legislación avanza en una línea en la que esta comunidad autónoma ya ha emprendido varios proyectos.

Por último, el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de Galicia, Jose Luis Méndez,apuntó que desde su comunidad se ha recomendado que se preste una atención especial desde el punto de vista financiero y de cooperación para que los pequeños municipios puedan adaptarse a los plazos que contempla el anteproyecto de ley. No obstante, Méndez calificó la normativa de "ambiciosa" y "avanzada" y se mostró optimista ante las acciones que propone.

Ficod 2008