LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que aprueba el Reglamento General de Costas por considerar que "vulnera las competencias autonómicas" y que tendría un impacto negativo en la economía de la región.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha propuesto, mediante orden, a la Dirección General del Servicio Jurídico de Presidencia del Gobierno, la interposición del citado recurso, en el que se cuestionan asuntos sobre núcleos de población en la costa, clasificación de playas, limitación de celebración de eventos y ampliación en parcelas afectadas por la servidumbre de protección.
Respecto a los núcleos de población, el Gobierno canario considera que "es competencia de ordenación urbanística qué suelos son merecedores de ser clasificados como urbanos, a los efectos de la aplicación de la servidumbre de protección, y no considera conveniente que esta decisión la adopte el Estado, tal y como queda establecido en el Reglamento".
"El Estado, a través de este texto, establece como obligación de la Comunidad Autónoma distinguir en las playas entre tramos urbanos y naturales y establece un régimen jurídico para dichos tramos", indicó Berriel.
"El Gobierno de Canarias entiende que dicha obligación se excede de las competencias estatales", ha explicado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.
DIFICULTADES PARA EVENTOS EN PLAYAS.
Para el Gobierno canario, el Reglamento "limita la celebración de eventos deportivos o culturales en las playas urbanas" lo que "no sólo perjudicaría los intereses de la Comunidad Autónoma, sino que iría en contra de la competencia que ésta tiene en Deportes y Ordenación del litoral".
También se posiciona en contra "de que estos eventos tengan que tener a la fuerza consideración de campeonatos nacionales o internacionales".
SERVIDUMBRES DE PROTECCIÓN.
"El Estado pretende con ampliar la protección a la totalidad de la parcela que tenga alguna parte afectada por las servidumbres costeras, aun cuando la mayor parte de ella se encuentre fuera de dicha protección", reitera el Ejecutivo autonómico.
"En una Comunidad que basa buena parte de su economía en el turismo asociado a los usos costeros, esta medida podría tener un efecto demoledor", argumenta.
(EUROPA PRESS)
