LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) ha señalado este martes que el nuevo borrador del decreto de Vivienda Vacacional, dado a conocer ayer por el Gobierno de Canarias, es una "moratoria camuflada" en cuanto a que cede a ayuntamientos y cabildos la posibilidad de fijar excepciones.
Sin embargo, consideran que "el largo tiempo del tramite" hace que se convierta en una "moratoria camuflada". Esta es una de las conclusiones que han expuesto tras mantener un encuentro con representantes empresariales de su sector y los alcaldes grancanarios de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.
Tras el encuentro, han asegurado que "regidores profesionales y los principales actores del sector estamos muy unidos en la defensa de la posibilidad de alquiler vacacional legal en el suelo turístico, que no es lo mismo; no tiene nada que ver con la introducción del alquiler ilegal turístico dañino en el regalado sector extrahotelero. Preferimos una oleada legal que un tsunami ilegal".
Además han mostrado su preocupación por plataformas de gestión, que introduzcan unidades alojativas turísticas que no cumplan con la legislación, por lo que han solicitado que se "refuerza la plantilla de inspectores".
De todos modos, desde la AEAT se defienden, a través de las "cifras esclarecedoras", el alquiler vacacional, si bien critican que el Gobierno autónomo no haya contado con los implicados. Al respecto, subrayan la necesidad de que se regule la actividad de las camas turísticas en suelo turístico que cumpla en su totalidad con requisitos, los convenios colectivos para los trabajadores y que tenga una gestión única, según informó la patronal extrahotelera en nota de prensa.
Por ello, consideran necesario "seguir limando" una regulación que cuente con los actores "principales" y que gestione la "vivienda vacacional en la zona turística" porque aseguró de que se trata de "una ola imparable", de tal forma que matizó que de no regularse "provocará miles de plazas ilegales, estafa, competencia desleal e incumplimiento de convenios".
Al respecto, el director gerente del patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Llinares, indicó que actualmente "hay tramitadas en esta entidad 2.500 viviendas vacacionales, de las cuales 1.128 pertenecen a Las Palmas de Gran Canaria, 278 a San Bartolomé de Tirajana y 260 en Mogán".
Finalmente, la patronal incidió en que el sector es "legal" y genera "empleo indirecto y directo con valores y respeto medioambiental", solicitando un "corsé legal que ayude a la industria turística a tirar del carro y mejorar las cualificaciones". Por ello, considera necesario modificar, para la vivienda vacacional en general, la ley de propiedad horizontal nacional y que sea la Comunidad de Propietarios el primer escalón democrático que decide sobre la actividad vivienda vacacional en su complejo.
