LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha reclamado al Gobierno de Canarias ordenar el alquiler vacacional por ley para dar una mayor seguridad jurídica "a esta actividad en auge".
Asimismo, los nacionalistas progresistas han explicado también que han registrado en el Parlamento regional propuestas de mejora alternativas a la reforma turística del Ejecutivo regional para evitar la "barra libre" en la construcción de nuevos establecimientos hosteleros y promover un desarrollo sostenible basado en la calidad y con futuro.
En una nota de prensa, Rodríguez señaló que estos dos objetivos defendidos por su formación política se recogen en las siete enmiendas registradas este viernes al Proyecto de Ley por el que se deroga el apartado c) del artículo 4.2 de la Ley de 2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias.
"Tres de esas propuestas de mejora van destinadas a dar una mayor seguridad jurídica al alquiler vacacional al fijar, por ley, unos requisitos mínimos para desarrollar una actividad que genera muchos problemas a la industria turística reglada, en el mercado del arrendamiento de larga estancia y en la convivencia entre los vecinos de los edificios residenciales", añadió el también portavoz parlamentario.
Para el nacionalista, frente al "silencio" del Ejecutivo que "aún no ha presentado ni explicado" el nuevo decreto en elaboración desde más de un año, las enmiendas de adición de NC excluyen la posibilidad de ejercer esta actividad en suelo turístico por disponer de una regulación "más benevolente" que la del sector extrahotelero, lo que supone una competencia desleal.
De igual modo, comentó que el incremento desorbitado de los precios del alquiler "dificulta e impide, en muchos casos, que los trabajadores puedan arrendar un piso, lo que está generando muchas tensiones en las islas".
Por su parte, NC ha especificado que, por motivos medioambientales, de limitación de recursos naturales o de saturación; el planeamiento urbanístico podrá limitar o excluir la comercialización de viviendas vacacionales en determinadas zonas o en la totalidad de un municipio.
"Hasta que el planeamiento urbanístico no determine las zonas aptas para la comercialización de esta actividad, el ayuntamiento, mediante acuerdo motivado del pleno, podrá delimitar provisionalmente las zonas donde se permita esta actividad", recordó Rodríguez.
