Considera que es una decisión "desacertada" y señala que supondría "una rebaja competitiva en la estrategia turística andaluza"
MARBELLA (MÁLAGA), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) llevará este jueves a pleno una moción en la que solicitará a la Junta de Andalucía que no ponga a la venta las instalaciones del Andalucía Lab, situado en la localidad malagueña.
A juicio del concejal de Turismo, José Luis Hernández, esta decisión "agrava el proceso de desafección del Gobierno autonómico con la ciudad". "El Andalucía Lab no debería dejar de ser público bajo ningún concepto porque supondría una rebaja competitiva en la estrategia turística andaluza y reduciría el papel institucional que Marbella debe jugar en este ámbito en el conjunto de la Comunidad", ha sentenciado.
Tras conocer que la Junta querría vender este inmueble aunque seguir en él mediante alquiler, el edil marbellí ha considerado que se debería reconsiderar esta decisión "desacertada y que va en contra del espíritu que debería guiar su política turística".
"Este anuncio resulta aún peor si recordamos que el Gobierno autonómico invirtió cinco millones en la remodelación integral del edificio, por lo que da una imagen de improvisación e ineficacia que va más allá del despilfarro", ha lamentado.
La moción, presentada por vía de urgencia, complementará a otra presentada por vía ordinaria por la que se solicita a la Junta de Andalucía una mayor promoción de la marca Marbella. Así, Hernández ha incidido en que la ciudad es "un magnífico escaparate que aumenta el eco de promoción de cualquier iniciativa que se celebre".
"Queremos que el Gobierno autonómico utilice la marca Marbella como la franquicia turística de primer nivel que es porque hasta ahora lo hemos echado de menos", ha apostillado.
CONVENIO COLECTIVO
Por otra parte, el coordinador de Hacienda, Carlos Rubio, ha avanzado que el Ejecutivo local también llevará a pleno el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación relativo al convenio colectivo de los trabajadores municipales.
En este sentido, ha precisado que el equipo de gobierno, en materia de personal, ha aplicado una reducción "constante de costes sin tomar ninguna medida traumática y ha garantizado la estabilidad, manteniendo en la medida de lo posible los derechos que venían regulados en su convenio colectivo".
Ha especificado que el convenio colectivo se veía afectado por tres circunstancias que han motivado su adaptación a la nueva normativa: la reforma laboral, que marcaba el 8 de julio como límite temporal para todos los convenios que estuvieran caducados; el Real Decreto Ley 20/2011 para garantizar la estabilidad de las administraciones públicas y el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento.
El acuerdo ha contado con el respaldo de todos los sindicatos y contempla la ultraactividad del convenio; la adaptación de todo el régimen de vacaciones, licencias y permisos basándose en las disposiciones de la Junta de Andalucía y la limitación de las ayudas socioeconómicas, congeladas en el nivel del año 2011 que obligaba a establecer prioridades.
