Se cuenta con un plazo "flexible" y se podría dar más tiempo si alguno de los países lo necesitara
BRUSELAS, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los servicios de la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, y representantes del Gobierno español se han reunido este jueves en Bruselas para intentar avanzar en una solución que permita a la compañía Iberia seguir operando vuelos dentro de la Unión Europea una vez se produzca el Brexit, cuando sólo podrán hacerlo aerolíneas cuyo control efectivo y propiedad sean mayoritariamente europeos.
"Seguiremos trabajando estrechamente con las autoridades españolas", ha indicado a Europa Press un portavoz del Ejecutivo comunitario, al término del encuentro en el que han participado el director general de Transportes de la Comisión, Henrik Hololei, y la secretaria general de Transporte, María José Rallo.
Bruselas mantiene "contactos constantes" con el Gobierno para resolver esta situación y, aunque no se ha reunido con la compañía, también ha tenido contactos con Eurocontrol.
Las reglas comunitarias establecen que las licencias de explotación para vuelos dentro de la Unión Europea se asignen a compañías cuyo "control efectivo" recaiga sobre un Estado miembro o sus nacionales y que la "propiedad" del 50% más una de las acciones sea también europea.
El Ejecutivo comunitario tiene dudas de que la aerolínea Iberia --integrada en el 'holding' IAG del que también son parte British Airways, Vueling y Aer Lingus-- cumpla con estas exigencias de control y propiedad mayoritariamente española y ha pedido a las autoridades nacionales que aclaren la situación.
SE BUSCAN UNA SOLUCIÓN.
Ya a principios de semana, fuentes comunitarias subrayaban la "complejidad" de este caso y reiteran tras el encuentro que Bruselas consciente de que se trata de "un problema al que se debe encontrar solución".
Aunque desde la capital europea no aclaran el volumen de compañías que se pueden ver gravemente afectadas por un Brexit sin acuerdo, Iberia y Aer Lingus son los casos que más preocupan.
De hecho, la comisaria Bulc remitió la pasada semana una carta a los 27 ministros de Transporte europeos para alertarles de la necesidad de tener a punto las medidas de contingencia necesarias en caso de un Brexit caótico el próximo 29 de marzo, ante el "riesgo cada vez mayor" de que la ruptura con Reino Unido se produzca sin acuerdo sobre sus condiciones.
Desde el Ministerio de Fomento han confirmado que han recibido la misiva en la que se "solicita información sobre las compañías que podrían verse afectadas" por el Brexit y apuntan que la petición no fija "ninguna fecha límite" para aclarar la situación de "ninguna compañía concreta".
La comisaria, sin embargo, ha pedido a los 27 que respondan a su carta "en un plazo de 20 días hábiles", si bien fuentes de su gabinete precisan que se trata de un plazo "flexible" y se podría dar más tiempo si alguno de los países lo necesitara.
BRUSELAS SUPERVISA LAS LICENCIAS Y PUEDE SUSPENDERLAS.
Con todo, subrayan las mismas fuentes, un acuerdo entre España y la Comisión sobre la situación de Iberia debería de llegar en cualquier caso antes del 29 de marzo, cuando Reino Unido quede fuera de la UE y pase a ser un país tercero cuyas aerolíneas no tienen los mismos derechos que las europeas.
Las licencias de explotación las asignan las autoridades competentes nacionales, en el caso de España la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y por tanto le correspondería a ellas conceder en un primer momento la licencia a Iberia para que continúe con normalidad su actividad actual.
Pero la Comisión Europea supervisa la concesión de las licencias y puede impugnarlas si considera que en algún caso han sido asignadas contraviniendo las normas para la explotación de servicios aéreos de la UE.
En este caso, Bruselas iniciaría nuevos contactos con las autoridades nacionales para pedir más información y pruebas de que la licencia cumple los requisitos legales.
De no darse por satisfecha con este intercambio, la Comisión puede reclamar a la autoridad que ha concedido el permiso "medidas correctivas adecuadas o que suspenda o revoque la licencia de explotación", según recoge la normativa comunitaria.
La suspensión de esta licencia implica que una aerolínea no puede operar vuelos dentro de la Unión Europea, aunque podría recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
