MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Luxemburgo han pedido a la Comisión Europea una "agenda social europea" para el sector de la aviación, que se enfrenta a "desafíos importantes" como la "saturación" del espacio aéreo y a "prácticas comerciales desleales" de terceros países.
Según ha informado el Ministerio de la Transición Ecológica galo en un comunicado de prensa, los seis países han firmado una declaración de cara a la cumbre sobre el sector aéreo que organiza a partir de este miércoles en Viena el gobierno de Austria, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE.
Así, la declaración busca "poner en valor la importancia" de conseguir condiciones de trabajo "justas" en el sector europeo de la aviación y de "subrayar la necesidad de una aplicación coherente de los derechos sociales y de la protección social existentes, tanto en el plano nacional como en el europeo".
"Los ministros firmantes de esta declaración comparten el objetivo común de impulsar una conectividad responsable socialmente en el mercado interior de la aviación de la UE, donde los derechos sociales sean preservados, la seguridad mejorar y la competencia esté basada en condiciones equitativas", reza la declaración.
Por eso, los seis países poden al Ejecutivo comunitario que presente antes de que finalice este año medidas "concretas y eficaces" para "hacer frente a los importantes problemas no resueltos". "Estas medidas deben ser desarrolladas y puestas en marcha en un calendario ambicioso (...) con el fin de garantizar una competición sana y equitativa y combatir el dumping social", añade el texto.
Los ministros responsables de la política de transportes reclaman por tanto que "no se debe obtener ninguna ventaja comparativa" a través de medidas que priven a los trabajadores de la aviación "de su protección social ni de los derechos sociales, nacionales y europeos".
Y, aunque la declaración no cita directamente el caso de Ryanair, defiende la necesidad de asegurar que se apliquen las leyes laborales del país en el que los trabajadores tengan sus bases operativas, así como de que se respeten "totalmente" las reglas europeas.
La declaración, según el Ministerio francés, está abierta también al resto de Estados miembros del bloque comunitario.
