VALENCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este jueves, provisionalmente y con la abstención de la oposición, el Plan Especial de Ciutat Vella (PEP) que protegerá 2.250 edificios residenciales de este distrito para "evitar la propagación de los apartamentos turísticos y fomentar que el centro histórico mantenga su carácter de barrio".
El plan añade a los 1.600 edificios protegidos otros 400, que incluyen por primera vez a 50 comercios tradicionales "emblemáticos" del centro histórico. Son tiendas que "tienen una identidad y una historia y que por primera vez estarán protegidos y no podrán sufrir ningún tipo de modificación que altere su identidad", como ha defendido la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez.
El PEP de Ciutat Vella es un proyecto que "por descontado, tiene un objetivo y una finalidad muy definida: que nuestros barrios continúen siendo precisamente eso, barrios, espacios residenciales, y que de alguna forma reflejen nuestra identidad y nuestra historia como ciudad", ha reivindicado la también portavoz socialista.
La meta del Ayuntamiento es proteger el centro histórico ante "el riesgo de la masificación y la turistificación de determinadas zonas que, por su patrimonio histórico, es obvio que merecen y tienen más atención de los turistas". En definitiva, "protegerlo para continuar siendo una ciudad atractiva por los elementos patrimoniales".
Durante el debate, el concejal del PP Juan Giner ha lamentado el cambio de uso de un edificio que "tendría que establecer criterios claros a la hora de evitar la turistificación del centro y de trabajar otras acciones para resolver problemas de vivienda social".
También de la oposición, el edil de Ciudadanos Narciso Estellés ha manifestado su inquietud frente a la propagación de los apartamentos turísticos y ha reconocido el trabajo por refundir una extensa normativa, así como el carácter participativo del proceso y el fomento del uso residencial.
Por otro lado, el pleno ha dado luz verde a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas de estacionamiento de vehículos de cero emisiones, con el apoyo del gobierno del Rialto (Compromís y PSPV), PP y Cs y la abstención de Vox.
