MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) han decidido sumar fuerzas en el Congreso en su intento de revertir el modelo de privatización del 49% del gestor aeroportuario Aena, que a su juicio vacía de contenido los estatutos de autonomía y plantea una gestión "monopolísitica" y contraria a la eficiencia, y por eso quiere que la Comisión Europea (CE) estudie antes de su aprobación si vulnera las normas comunitarias de la competencia.
Así lo plantean en una proposición no de ley, en la que nacionalistas vascos y catalanes señalan que el modelo de gestión por el que ha optado el Ejecutivo 'popular' se basa en "dos posicionamientos políticos de gravedad e irreversibles, que quiebran las legítimas aspiraciones (de CiU y PNV) y los más contrastados y eficientes sistemas de gestión aeroportuaria".
En concreto, se refieren a la decisión del Ejecutivo de privatizar un 49% del capital social de Aena a través de una oferta pública de venta en Bolsa (28%) y de una licitación pública para conseguir un núcleo estable de accionistas (21%), con el objetivo de que la operación quede cerrada hacia noviembre de este año.
QUIEBRA EL PACTO CONSTITUCIONAL
A juicio de ambas formaciones, esta opción por la privatización como alternativa a la gestión integral de los aeropuertos por parte del Estado vulnera los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco, que prevén que "cuando el Estado no se reserve la gestión directa de los aeropuertos de interés general" esta competencia pase al gobierno regional.
"Ésa fue la base del pacto de convivencia constitucional y estatutario, que con este proyecto se está rompiendo en el continuo desvalor de los estatutos de autonomía, que constituye la seña de identidad de la política territorial de este Gobierno", reprochan CiU y PNV.
Pero, además, recuerdan que la opción de que los aeropuertos fueran gestionados de forma individualizada a través de filiarles o concesiones de gestión está contemplada en la normativa nacional, y permitiría "aunar los propósitos de eficiencia y participación autonómica".
De hecho, añaden, éste es un "modelo común en Europa", donde "no existe el planteamiento monopolístico que mantiene el Estado, encubriéndose en un interés general que, en la realidad, abandona en favor del interés del inversor privado". "El modelo elegido acabará teniendo problemas en materia de defensa de la competencia", advierten los nacionalistas.
ENORME COSTE PÚBLICO
Y, por eso, exigen que el proyecto de privatización de Aena Aeropuertos sea estudiado por las autoridades europeas de Competencia antes de su ejecución para evitar los "enormes costes presupuestarios públicos" que conllevaría una eventual sentencia del Ejecutivo comunitario declarando el modelo "centralizado y monopolístico", coste que "revertirá sobre los impuestos que pagamos los ciudadanos".
Junto con esta exigencia, la iniciativa de CiU y PNV reclama también que se "suspenda" la operación de privatización del gestor aeroportuario y se diseñe un marco regulatorio que "posibilite de manera real y efectiva la integración" de Cataluña y el País Vasco en un sistema de gestión individualizada por aeropuerto.
CONTROL DE INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS
En una nota de prensa, el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias, advierte del "peligro" que representa la posibilidad de que "otras empresas" tengan parte del control de Aena, dado que sus intereses privados "pueden no coincidir con los intereses estratégicos de aeropuertos como el de El Prat de Barcelona".
Por su parte, la portavoz de Fomento del PNV, Isabel Sánchez Robles, cree que el Gobierno "se equivoca por partida triple" ya que "no se atiene a la legalidad de los estatutos, condiciona el futuro de las políticas estratégicas en materia aeroportuaria y lo hace en contra" de la colaboración y cooperación con las administraciones territoriales y los agentes sociales, tal y como recomiendan las instituciones comunitarias.
Sin embargo, el pasado 17 de junio el director general y presidente de Aena, José Manuel Vargas, afirmó que "no es posible desgajar la red" de los aeropuertos españoles, de acuerdo con la estructura financiera de la compañía pública y con los compromisos adquiridos con los acreedores, ya que habría que "devolver automáticamente todos los fondos".
De hecho, son muchas las preguntas parlamentarias escritas en las que el Ejecutivo descarta la posibilidad de fragmentar la red aeroportuaria argumentando que la gestión conjunta de estas infraestructuras es la forma "más eficiente de aprovechar el sistema en red, que genera una serie de sinergias" para poder ofrecer "capacidad, calidad y unos costes competitivos".
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendaba la semana pasada en un informe consultivo la licitación por lotes de las infraestructuras y una gestión "más flexible" y de forma individual de los aeropuertos a través de contratos de concesión o mediante la privatización de los mismos para mejorar su competitividad.
