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MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP rechaza solicitar al Gobierno que paralice el proceso de privatización parcial de Aena, como le exigen todos los grupos de la oposición en el Congreso, porque dicha operación se enmarca en una "tendencia mundial" de entrada de capital privado en este tipo de entidades.
Así lo ha señalado este martes el portavoz 'popular' de Fomento en la Cámara Baja, Andrés Ayala, durante el debate de una iniciativa del PSOE exigiendo la "paralización del proyecto de privatización de Aena garantizando su titularidad pública y su funcionamiento eficiente en red, con una participación determinante de las administraciones autonómicas y los agentes económicos y sociales de los territorios en su gestión".
Ayala ha hecho hincapié en que la gestión seguirá siendo pública, que no se van a cerrar aeropuertos y que "no se va a vender más del 49%" del capital social de Aena, negando además que se vaya a adjudicar a "amiguetes", como han insinuado algunos portavoces de la oposición, sobre todo porque el 28% se colocará en Bolsa.
NO SE CERRARÁN AEROPUERTOS
Tras recordar que el PSOE dejó Aena "en quiebra", el 'popular' ha criticado que el principal partido de la oposición se oponga ahora a que "una parte minoritaria del capital se coloque en los mercados". "Y todo sin argumentos", ha añadido, recordando que este procedimiento "responde a una tendencia mundial hacia la entrada parcial de capital privado en otras entidades", siempre "garantizando los niveles de calidad de los servicios y la inversión" y tras haber "fortalecido el marco regulatorio".
"Esta proposición no de ley no tiene ningún sentido. Han perdido el norte, tanto que ahora hablan de participación determinante de las comunidades autónomas en la gestión aeroportuaria, doblegándose a las exigencias de grupos independentistas de la pasada legislatura", ha recriminado, insistiendo por último en que todo se está haciendo de forma correcta y siguiendo el procedimiento establecido.
Además, ha defendido que el Ministerio de Fomento ha explicado de forma suficiente este procedimiento, si bien en la segunda quincena del mes de noviembre está previsto que un responsable del departamento que dirige Ana Pastor comparezca ante la comisión parlamentaria del ramo para aclarar cualquier duda.
DESMANTELAMIENTO DE LA RED PÚBLICA
Sin embargo, el socialista Juan Luis Gordo ha asegurado durante su estreno como portavoz parlamentario de Fomento que el Gobierno tiene intención de llevar la venta pública hasta el 60% del capital social de Aena en el medio plazo, lo que significa perder el control de la entidad y, a la larga, el "desmantelamiento de la red pública aeroportuaria".
Un proceso que el PP intenta "ocultar" por motivos "electorales" pero para el que se ha estado preparando durante los tres últimos años con despidos, frenando la inversión y disminuyendo los horarios de servicios; así como con la aprobación de un nuevo marco regulatorio que "se caracteriza por su falta de transparencia" y que permitirá "regalar" la mayor parte de Aena a los "amiguetes" del PP por un precio muy alejado del valor que llegó a tener la empresa.
"De culminarse este proceso nos encontraremos un cierre de infraestructuras no rentables que limitará la movilidad de los españoles, erosionará la cohesión social y la vertebración territorial, y tendrá efectos devastadores en la economía", teme el diputado, que apuesta por una red "de titularidad estatal y mayoritariamente pública" en cuya gestión también participen las comunidades autónomas.
EXPOLIAR BIENES PÚBLICOS
La portavoz de Fomento de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ascensión de las Heras, ha reprochado a los socialista que dejaran la puerta abierta a la venta de Aena mediante un decreto de 2010 que permitía la entrada de capital privado, pero también ha criticado a los 'populares' que "expolien los bienes públicos para beneficio de sus protegidos y amiguetes" en nombre de "la eficacia, la eficiencia, la movilidad y la cohesión territorial" pero "con total opacidad" y "sin contar con las comunidades autónomas o los trabajadores".
"Por eso exigimos que, de forma inmediata, el Gobierno paralice la venta de Aena, no por un defecto de forma, sino porque esta operación no responde en absoluto a las necesidades ni intereses económicos del país. Y pedimos la derogación del decreto de 2010 como primer paso imprescindible para revertir esta situación y evitar la perdida del control público de un sector estratégico que no cuesta ni un euro a los españoles y que da beneficios al alza", ha añadido la diputada madrileña.
Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, rechaza la privatización "con nocturnidad" y "sin transparencia" de Aena, exigiendo que este proceso "intolerable" se "paralice" hasta que "no haya luz y taquígrafos" y se "evalúe la conveniencia" de esta venta. Pero también critica que el PSOE pretenda con su iniciativa que las comunidades autónomas tengan un papel "determinante" en la gestión de la red, por lo que ha propuesto eliminar esta palabra de su texto.
ENTRADA DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS
Por su parte, el portavoz adjunto de CiU, Pere Macias, advierte de que el nuevo modelo de gestión aeroportuaria que está implementando el Ejecutivo es, probablemente, "contrario a la normativa comunitaria de defensa de la competencia", ya que al declarar toda la red como servicio de interés económico general permite un "sistema monopolista" en manos de privados.
Asimismo, considera que el servicio previsto de "regularización de tarifas de compensación económica por servicio público" tampoco se ajusta a la legislación europea en materia de ayudas de estado, y critica un modelo "centralista" que beneficia la gestión en red en perjuicio de una gestión individualizada de los aeropuertos que redundaría en una mejor competencia.
La diputada del PNV Isabel Sánchez Robles ha criticado la falta de explicaciones ofrecidas por el Gobierno sobre una decisión "irreversible" para el sector como es la venta de Aena, "una de las pocas empresas estatales que tiene beneficios". "Y, mientras, afirman con desfachatez que la empresa mantiene su consideración de entidad pública empresarial y que se garantiza la gestión pública, eso es una falacia", ha añadido, reprochando también que se "vete" la posibilidad de que las comunidades autónomas entren en la gestión de los aeropuertos que dejen de tener consideración de interés general a pesar de que los estatutos de autonomía así lo permiten.
En la misma línea, la portavoz de CC-NC, Ana Oramas, ha preguntado a los 'populares' "por qué tienen miedo de venir a explicar" este proceso si "están convencidos de que está bien hecho". Y ha advertido de que el Gobierno de Canarias activará los instrumentos a su disposición para ejercer las competencias que tienen reconocidas en materia aeroportuaria.
Por el BNG, la diputada Rosana Pérez ha criticado una "privatización a espaldas del Parlamento" y realizada "con oscurantismo y sin información ni debate político", y ha recriminado al Gobierno que "entregue, sin reservas y una vez ha entrado en beneficios, una empresa pública a empresas constructoras y fondos de inversión cuasi regalando una parte importantísima del patrimonio público", a la vez que rechaza que las comunidades puedan hacerse cargo de esa gestión.
Para Alfred Bosch, de ERC, el "problema" es que el PP "piensa en cambiar de amo pero no de patrón" ya que los aeropuertos pasarán de ser propiedad pública a quedar "repartidos entre sus amiguetes", sin que por eso el sistema deje de estar centralizado y de "ver el sistema aeroportuario como Barajas y sus terminales en otra ciudades".
Finalmente, Maite Ariztegui, de Amaiur, critica que "otra vez" se impongan los intereses privados a los públicos "pese a la mayoritaria oposición política y social".
