PARÍS, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno francés va a proceder a la privatización de la sociedad Aeropuertos de París (ADP), sociedad que gestiona las instalaciones de Charles de Gaulle, Orly y Le Bourget, pero se asegurará que al menos el 50,6% del capital esté en manos del Estado, para garantizar el control de la actividad aeroportuaria y de las inversiones.
Al respecto, el presidente de APD, Augustin de Romanet, ha asegurado hoy en una entrevista publicada por 'Le Figaro' que "cualquiera que sea la forma de la operación, en lo que se refiere a la amplitud de la inversión, mi hipótesis es que todos los que quieran comprar ADP seguirán nuestra línea estratégica".
De Romanet ha recordado que el contrato actual recoge un aumento del 50% de inversiones frente al pasado ejercicio, hasta 3.000 millones de euros) y un aumento de los cánones y explotación ilimitada.
La fórmula que se estudia, y de la que no se han dado muchos detalles, es una cesión con un contrato entre ADP y el Estado que mantendrá el control regulatorio, reservándose el derecho a "prescribir ciertas inversiones necesarias para garantizar el servicio público" a los usuarios de los aeropuertos. Según lo esbozado la concesión a ADP sería por un periodo de 70 años.
Se planea un marco, renovable cada cinco años, en el que se determinará el nivel de las tasas aeroportuarias, y si no hay acuerdo entre las partes será el Estado el que se fijó el nivel de las tasas, unas líneas que recuerdan al marco de regulación aeroportuaria vigente en España.
El Gobierno de Macron no ha aclarado si tiene la intención de vender la totalidad de sus acciones en ADP, sociedad de la que también es accionista el grupo Vinci, y principal interesado en la operación. Según el contrato actual, el Estado está obligado a mantener una mayoría de ADP.
El anuncio fue realizado ayer por el ministro de Economía galo, Bruno Le Maire, en el marco de un plan de desinversiones que también incluye a La Française des Jeux (FDJ), la empresa pública al 72% de loterías y apuestas deportivas. El objetivo de "emplear mejor de la mejor manera posible el dinero de los franceses", ha explicado.
El titular de la cartera de Economía ha reconocido que se trata de operaciones "políticamente sensibles, y legalmente complejas, pero económicamente rentables.
"Las acciones del Estado en estas empresas cotizadas --en referencia a ADP y FDJ-- representan alrededor de 15.000 millones de euros que están inmovilizados y que no permiten invertir para nuestro futuro", explicaba el pasado miércoles Le Marie en una entrevista con el diario 'Les Echos'.
