El CGPJ apunta "riesgo de confusión" entre la comisión de Angrois y el proceso judicial

Un informe remitido al juez sobre otro tema constata que si la información requerida tiene carácter global entraña ese peligro

El CGPJ apunta "riesgo de confusión" entre la comisión de Angrois y el proceso judicial
12 de julio de 2018 EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte del "riesgo de confusión" entre la actuación del Congreso y los procesos judiciales, en relación con la documentación que la comisión de investigación del accidente de Angrois pidió al juzgado que instruye la causa sobre el siniestro.

Así lo recoge un informe jurídico remitido al juez el pasado 2 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, y que, refiriéndose a otro tema (trata sobre la comisión del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz), destaca que la solicitud parlamentaria de información que "tiene un carácter global u omnicomprensivo referido a la totalidad de las actuaciones contenidas en las diligencias previas" genera un "riesgo de confusión".

En concreto, la comisión de Angrois solicitó al juzgado de instrucción número 3 de Santiago dos autos (el que el 6 de octubre de 2015 cerraba la instrucción solo con el maquinista como investigado y el que el 13 de enero de 2016 rechazaba todos los recursos contra esta decisión), las declaraciones del maquinista y del interventor del tren Alvia accidentado en sede judicial y los tres informes elaborados por los peritos designados judicialmente.

Mientras, a la Audiencia Provincial de A Coruña le demanda el auto de 30 de septiembre de 2014, con el que dejó sin efecto la imputación (por parte del primer juez instructor) a las 12 personas que en el momento de la inauguración de la línea Ourense-Santiago, en la que se produjo el descarrilamiento que ocasionó 80 muertes y 144 heridos, formaban parte de la cúpula del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif).

En estos momentos, casi cinco años después de la tragedia (ocurrida el 24 de julio de 2013), el caso, con su segundo juez al frente, mantiene a siete personas investigadas. Por un lado está el maquinista, imputado desde el primer momento por imprudencia profesional grave, ya que circulaba con un exceso de velocidad a pocos kilómetros de la curva de A Grandeira, junto al barrio compostelano de Angrois, tras atender una llamada del interventor.

Por otro, figuran también como investigados tres altos cargos, dos de Adif y uno de Renfe, y tres técnicos de la consultora pública Ineco, todos ellos también por imprudencia profesional grave, en relación con la posibilidad de que el análisis de riesgos preceptivo fuese deficiente, de modo que no detectó peligros que podrían subsanarse con medidas de seguridad.

GUILLAUMES A PASTOR Y ESTA A LESMES

Junto al informe emitido por el gabinete técnico, el que aborda la cuestión de solicitud de documentación a raíz de la comisión de Fernández Díaz, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, envió al titular del juzgado un escrito en el que le informa de la solicitud de documentos "con el fin de que valore y resuelva lo que proceda en derecho".

"A los efectos de dicha valoración, le adjunto asimismo, por si resultara de utilidad, copia de un informe emitido por el gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial en el que se analiza el asunto de las solicitudes parlamentarias de documentación judicial y se extraen conclusiones técnicas al respecto", apunta.

Esta comunicación de Lesmes al instructor responde a otra previa, a mediados de junio, entre el presidente de la comisión de investigación del siniestro, el diputado de PDeCAT Feliu Guillaumes, y la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, a la que trasladó la petición de información.

Pastor, que era ministra de Fomento en el momento del accidente y que es una de las citadas para comparecer en la comisión, hizo llegar la demanda a Lesmes.

EL INFORME DEL GABINETE TÉCNICO

Así las cosas, el informe jurídico que adjunta el presidente del CGPJ recoge unos antecedentes, unas consideraciones generales (que establecen, entre otras cuestiones, que la colaboración informativa de una autoridad judicial con una comisión de investigación tiene como límite "infranqueable" el respeto a la independencia judicial) y, a continuación, otras de carácter particular.

Entre estas últimas, el CGPJ sostiene que "la investigación parlamentaria no puede afectar a las resoluciones judiciales ni incidir sobre la labor de los tribunales".

"En el presente caso", que es el referido a la comisión de investigación sobre el exiministro Fernández Díaz, resalta la "relevancia de determinadas diligencias" solicitadas, como "declaraciones prestadas a cabo en sede policial y juzgado e informes policiales y documentación anexa a esta de todas sus piezas". En el caso de Angrois, coincide con alguna de la documentación requerida, como las declaraciones del maquinista y del interventor en sede judicial.

El documento recuerda, al respecto, que el Tribunal Constitucional ha señalado que "es preciso evitar toda confusión entre la labor investigadora que puedan llevar a cabo las asambleas autonómicas o las Cortes Generales y aquella que corresponde a los órganos integrantes del poder judicial".

En este contexto, considera "procedente" pedir al juez que informe sobre la fase y estado procesal de las actuaciones. Una vez remitida esta información, el presidente del CGPJ y del Supremo podrá resolver, indica el informe.

BRONCA EN LA SEGUNDA JORNADA

Precisamente a raíz del veto a una prueba que consta en el sumario judicial, el audio del maquinista en su comunicación con Atocha tras descarrilar el tren, la segunda jornada de comparecencias en la comisión estuvo marcada por una bronca.

La decisión de Guillaumes de no reproducir la grabación derivó en bronca parlamentaria cuando el diputado de ERC Gabriel Rufián intentó sortear el veto reproduciendo el sonido, provocando protestas desde otros grupos.

En su comparecencia ante la comisión, el propio maquinista, Francisco José Garzón, pidió que los diputados escucharan íntegra aquella conversación, que en su día se dio a conocer parcialmente dejando ver que el maquinista reconocía ir a más velocidad de la permitida, pero omitiendo la parte en la que decía que él mismo ya había avisado de la peligrosidad de la curva.

Últimas noticias