28 de junio de 2008

López (CGPJ) considera que el parlamento vasco no es soberano para plantear una consulta que afecta a toda España

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MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, consideró hoy que lo que se plantea en el proyecto de ley impulsado por el lehendakari Juan José Ibarretxe aprobado ayer por el parlamento vasco es "llegar a un acuerdo político para subvertir el orden constitucional" en donde se establece que "la soberanía reside en el pueblo español" y que por tanto, "una parte de España no puede decidir qué quiere que sea España".

En este contexto, en declaraciones a Europa Press Televisión opinó que dentro de los márgenes legales existentes no cabe la consulta popular planteada por el Ejecutivo vasco, y que las preguntas a las que habría que responder en esa hipotética consulta "desbordan el límite de la Constitución" que "no prevé el derecho de autodeterminación", ya que reserva el poder constituyente únicamente a la acción del parlamento español que ha de ser ratificada también por el pueblo español.

Asimismo, recordó que el principio de autonomía establecida en la Carta Magna equivale a un "reparto competencial" pero no atribuye soberanía a los parlamentos de las Comunidades Autónomas, lo que descarta que un parlamento autonómico pueda convocar un referéndum sobre el 'derecho a decidir' de los vascos sobre su futuro. "No veo cuál es la forma para hacer esta consulta de forma legal", y en opinión de López, la única vía sería aplicar la política de hechos consumados, lo que equivaldría a "apartarse de la ley" y exponerse a las consecuencias penales.

Tras la aprobación del proyecto de ley en el parlamento vasco gracias al voto del PCTV y su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco --previsiblemente el lunes--, el Gobierno podría tomar la iniciativa. Para ello, tendría que presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional argumentando que la consulta es una convocatoria de referéndum y, puesto que la Constitución establece que esta competencia es exclusiva del Gobierno español, presentar un recurso de inconstitucionalidad basado en el conflicto de competencias.

Una vez presentado y admitido a trámite, el TC establecería un periodo de suspensión de cinco meses durante los cuales no podría tener lugar el referéndum, prorrogables hasta el pronunciamiento del Alto Tribunal.

Sobre el hecho de que la aprobación del proyecto haya contado con el apoyo de un partido --el PCTV-- que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por su presunta vinculación con ETA y en proceso de ilegalización, López aclaró que estos hechos "formalmente, no afectan a la legalidad del acto más allá del reproche moral".

Para que la consulta tuviese efectos jurídicos, aunque no vinculantes, tendría que realizarse siguiendo todas las pautas establecidas para la celebración de un referéndum, lo que implica que el sistema electoral funcione de una forma muy similar a como sucede en la celebración de elecciones generales o autonómicas.

Sin embargo, de ser considerada inconstitucional, no se seguiría el procedimiento. La alternativa para el Ejecutivo vasco, en caso de querer celebrar la consulta, sería optar por recabar las respuestas mediante otros sistemas, pero en ese caso, el resultado carecería de implicaciones jurídicas.

"Para las consultas, no cabe otra manera que la ley de referéndum", insistió López, de tal manera que las opiniones obtenidas sin cumplir los requisitos pueden ser calificadas como una encuesta sociológica, pero no como una consulta popular, que como tal, requiere respetar el procedimiento.

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