CEUTA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha dictado un auto en el que aprecia base suficiente en las diligencias realizadas durante los últimos 25 meses para juzgar por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa al ex consejero de Deportes y ahora responsable de Medio Ambiente en el Ejecutivo regional, Fernando Ramos (PP), y al interventor de la Ciudad Autónoma, José María Caminero, en el encadenamiento de más de 20 contratos menores durante 8 meses para mantener abierto el Centro Ecuestre municipal con gestión externalizada.
Los dos investigados han recurrido directamente en vía de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz el auto, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, por falta de motivación. En su resolución, la instructora simplemente insta a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, a pedir la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Fuentes judiciales han explicado a Europa Press que la magistrada ya ha rechazado una propuesta del Ministerio Público para declarar complejas las diligencias, que se abrieron en junio de 2016 después de que el ex director técnico del Centro Ecuestre de Ceuta, Javier Pérez, denunciase ante la Fiscalía por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación a Ramos "y a todos los que sean responsables en algún grado" de una "persecución" a su persona y de la firma de 22 contratos menores "ajustados en duración según conveniencia a menos de 18.000 euros".
El denunciante no llegó a finales de 2015 a un acuerdo con el Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas para seguir renovando el convenio anual en virtud del cual gestionaba las instalaciones hípicas públicas a cambio de unos 350.000 euros anuales. El Ejecutivo autonómico decidió entonces concertar con su empresa solo el servicio de monitores por 114.000 euros. En paralelo y durante 8 meses la Ciudad Autónoma firmó 22 contratos menores para alimentar, herrar y cuidar a los caballos, casi todos propiedad del denunciante, por algo más de 304.000 euros.
El propio interventor alertó el 20 de junio de que ese proceder "de carácter un tanto irregular" y soportado "en el bien entendido de que se iba a instruir un procedimiento público de adjudicación" debía eliminarse de inmediato exigiendo el abandono de las instalaciones públicas de todos los equinos que allí permanecían.
Pérez denunció que la Administración había gastado 100.000 euros de más a través de un procedimiento supuestamente ilegal antes de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo del PP para alquilarle 40 caballos y ponis por más de 2.500 euros mensuales.
El Gobierno regional nunca sacó a concurso el servicio y acabó encomendando su gestión a la Federación Hípica a través de un convenio sin licitación parecido al que antes había tenido como beneficiario al querellante que se renovó por última vez en septiembre del año pasado con un coste para las arcas públicas durante el ejercicio corriente de 250.000 euros.
