SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de Ley de la Dehesa, marco regulador para asegurar la conservación y la viabilidad económica de este sistema único en Europa de explotación sostenible de los recursos agroganaderos y forestales, que en Andalucía ocupa 1,25 millones de hectáreas (la mitad del total nacional). El texto, que será remitido al Parlamento para su aprobación definitiva, ha sido elaborado por las consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente.
La futura ley integrará las distintas normativas autonómicas que regulan los usos y aprovechamientos desde perspectivas sectoriales (agraria, forestal y ambiental) para hacerlas totalmente compatibles, de acuerdo con un modelo de gestión única. Con ello se simplificarán unos procedimientos administrativos ahora fragmentados y se facilitará la relación de los titulares de las explotaciones con la Administración. En la misma línea, se introduce como novedad destacada la creación de servicios específicos de asistencia técnica a la dehesa.
Entre otros instrumentos de protección, gestión y promoción, el proyecto establece la elaboración de un plan director de ámbito general, con una vigencia de 20 años y revisiones intermedias cada cinco. Este documento incluirá un diagnóstico y un análisis de nuevas posibilidades de uso que mejoren la rentabilidad de las producciones de las dehesas, así como medidas para hacer frente a sus principales amenazas (el decaimiento de su arbolado y la crisis de los mercados ganaderos, entre otros) y para revalorizar la singularidad ambiental, social y cultural de estos territorios, según explicó la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
A este marco general se ajustarán los denominados planes de gestión integral que podrán desarrollar los titulares de las explotaciones. Estas iniciativas tendrán carácter voluntario, si bien su realización se considerará como criterio prioritario en el acceso a las ayudas públicas, tanto agrarias como ambientales. Con una duración de cinco años prorrogables, su aprobación supondrá la autorización efectiva de todos los aprovechamientos y trabajos forestales, agrícolas y ganaderos que durante ese periodo se lleven a cabo en la dehesa.
Junto con las explotaciones que tengan planes de gestión, la ley también concederá prioridad a las dehesas ubicadas en espacios naturales protegidos y a aquellas que incorporen producciones integradas o de ganadería ecológica. Para acceder con carácter general a los incentivos y medidas de apoyo será necesaria la inscripción en el Censo de Dehesas de Andalucía, de nueva creación.
El desarrollo de las medidas previstas contará con la coordinación y el apoyo de dos órganos de nueva creación. El primero de ellos, la Comisión Andaluza para la Dehesa, integrada por representantes de las consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, se encargará de coordinar los trabajos del Plan Director, proponer medidas de protección y fomentar actividades de investigación, formación, divulgación y participación social, entre otras funciones, según expuso Aguilera.
El segundo, denominado Centro Andaluz de Investigación de la Dehesa, contará con el concurso de universidades, organizaciones privadas de investigación y empresas y asociaciones del sector.
Clara Aguilera recalcó que esta nueva ley no tiene como objetivo "proteger" la dehesa, puesto que ya hay otras normas específicas para ello, sino que persigue, ante todo, poner de manifiesto su singularidad, fomentarla y que haya una identificación clara de la misma, sobre todo, ante la Unión Europea, donde existe un gran desconocimiento acerca de esta zona.
Andalucía cuenta actualmente con 1,2 millones de hectáreas de dehesas, lo que supone aproximadamente el 14% del territorio regional y la mitad de la superficie españo-la de este ecosistema, que está también presente en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y la región portuguesa del Alentejo. Las dehesas andaluzas se distribuyen principalmente por Sierra Morena y las serra-nías gaditanas y subbéticas. Un total de 128 municipios andaluces tienen más de una cuarta parte de sus términos ocupados por dehesas y encuentran en ellas la base de su economía y de su patrimonio natural.
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
La diversidad biológica, el carácter de refugio para especies amenazadas de la flora y la fauna, el papel que desempeñan en territorios en los que apenas hay otras alternativas económicas, la producción de alimentos de gran valor añadido o el gran potencial para el desarrollo de la agricultura ecológica y el turismo rural, constituyen algunos de sus valores más destacados. El origen de este ecosistema se encuentra en el aclaramiento y limpieza de los bosques originarios de encinas y alcornoques para integrar múltiples aprovechamientos asociados (cultivos, ganadería, pastos, caza, leña o corcho) sin alterar los equilibrios ecológicos, según explicó la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo. Actualmente, las principales actividades económicas se ligan al corcho (80% de la producción nacional) y al cerdo ibérico, el ganado ovino y el toro de lidia.
Desde el punto de vista medioambiental, la dehesa tiene actualmente asegurada en Andalucía un alto nivel de protección a través de las leyes autonómicas en materias forestal, de lucha contra incendios y de espacios naturales protegidos. Entre estos enclaves, destacan los parques naturales de Los Alcornocales (Málaga y Cádiz), Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) y Sierra Norte de Sevilla. Asimismo, la comunidad autónoma cuenta con la Reserva de la Biosfera de las Dehesas de Sierra Morena, declarada por la Unesco en 2002 y que con sus 424.000 hectáreas es el mayor espacio protegido de este tipo en España y uno de los mayores del planeta.
Para el periodo 2009-2013, todas estas políticas contarán con una dotación total de 180,5 millones de euros, cofinanciada al 75% por el nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y distribuida entre 92,3 millones para medidas ambientales y 88,2 para fomento de las producciones.
