ALMERÍA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor ha ordenado abrir juicio oral al alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, para quien la Fiscalía solicita dos años de cárcel acusado de permitir "con deliberada pasividad" la apertura de un establecimiento de comida rápida en el municipio a sabiendas de que el local carecía de licencia de primera ocupación y, por tanto, de apertura.
El fiscal, que interesa además 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito local, remarca que asistió en noviembre de 2016 al acto de inauguración de la hamburguesería "siendo plenamente consciente" del "ilegal inicio de la actividad" y señala que lo hizo "tratando de obtener popularidad y rentabilidad política" con la apertura de la conocida franquicia durante su mandado.
El auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción 2, de 18 de octubre, recoge que procede enjuiciar a Torres (PP) la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística omisiva o, alternativamente, de un delito de prevaricación por omisión y apunta que el órgano competente para el enjuiciamiento es la Audiencia Provincial de Almería.
Según indica el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, Torres, quien en el momento de los hechos ostentaba también las competencias delegadas de Urbanismo, era "plenamente consciente" cuando asistió en su condición de alcalde al acto de inauguración de que el local "carecía" de licencias.
Subraya que, de hecho, hasta dos años después y hasta un mes después de que en octubre de 2018 fuera desalojado de la Alcaldía por una moción de censura, el expediente de solicitud de permisos "estuvo paralizado" y alude a un informe de un técnico municipal que ponía de manifiesto que el establecimiento "incumplía las condiciones técnicas para obtener las licencias ya que había que corregir el saneamiento y las redes pluviales, entre otras deficiencias".
"Siendo conocedor de estas irregularidades, pero tratando de obtener popularidad y rentabilidad política con la apertura bajo su mandato, permitió con su deliberada pasividad el ilegal inicio de la actividad", reprocha el fiscal, quien añade que, posteriormente, "omitió conscientemente su deber de promover la puesta en marcha del procedimiento administrativo correspondiente para así subsanar la situación".
Al margen de las penas de prisión e inhabilitación, interesa multa de 18 meses a razón de 12 euros al día y matiza de que, en caso de que se aprecie el delito subsidiario de prevaricación urbanística por omisión, solicita solo las penas de inhabilitación para empleo o cargo público.
En el procedimiento también hay acusación particular, que califica los hechos en la misma línea que la Fiscalía pero interesa dos años de cárcel, 24 meses de multa a razón de diez euros y la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
