ALMERÍA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, querellante en la causa que se sigue el Tribunal Supremo (TS) contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador por el PP, Eugenio Gonzálvez, por un presunto delito de prevaricación ha solicitado hoy al magistrado instructor que tramite el "correspondiente" suplicatorio ante la Cámara alta para continuar con las actuaciones al estimar que, de las pruebas practicadas, se desprenden "méritos suficientes" para procesarle.
El escrito, consultado por Europa Press, gira en torno a la declaración prestada ante la sala el pasado día 31 por el ex concejal de Urbanismo Onofre Martínez, en la que, a juicio del letrado que representa a los socialistas, se apunta que Gonzálvez "tenía conocimiento" de lo que el edil "tenía previsto hacer" con respecto a la nave municipal y de que "participó" en la gestión con el grupo Lamas para contratar terminación de la obra.
Para los querellantes se desprende también del testimonio de Martínez que las obras tanto de la nave municipal como de la escuela de música se contrataron "con un único contratista", que fue el que "se encargó del fraccionamiento con otras empresas del grupo o contratistas" al tiempo que señalan que "consta nítidamente" en su declaración "que los presupuestos de las distintas empresas los solicitaba el propio contratista que había sido el adjudicatario".
Ahonda, en esta línea, el escrito elevado ante el instructor, el magistrado Miguel Colmenero, que Gonzálvez "había encargado verbalmente" al ex edil que asumiese la gestión para terminar las obras, por lo que califica de "extremadamente improbable, por no decir imposible" que el alcalde "no diera su visto bueno a la efectiva puesta en marcha de las obras".
El letrado de los socialistas gadorenses alude, asimismo, a que, en la documentación remitida dentro de la causa por el secretario del Ayuntamiento "constan múltiples reparos" realizados por el funcionario al procedimiento elegido para efectuar los pagos pese a que el regidor afirmó en su declaración como imputado ante el Alto Tribunal "que nunca había conocido que existía la palabra reparo o fraccionamiento".
La Fiscalía pidió la admisión a trámite de la querella al ver indicios de ilícito penal en la adjudicación del mencionado contrato por valor de 144.837 euros, que se había tramitado "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local expresó su "reparo".
El escrito señalaba que la actuación de Gonzálvez contravino la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado al tiempo que considera que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se "prescindió totalmente" del proceso que fija la normativa.
"DEFECTOS ADMINISTRATIVOS"
Atribuyó al senador popular "conocimiento de la ilegalidad en su comisión" ya que, según subrayó, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007 "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles.
La querella, presentada en octubre de 2008 por el portavoz municipal y secretario de la Agrupación local del PSOE en Gádor, Juan Antonio Almansa, aportó documentación de la que dedujo el Ministerio Público que se "inobservaron las más elementales normas de procedimiento" en la construcción de un nave que se ejecutó entre 2001 y 2005 en diversas fases para un uso como almacén hortofrutícola y telar.
En marzo de 2007, según se detalla en el escrito de la Fiscalía, se realizó por parte de un ingeniero industrial un proyecto de finalización de obras con un presupuesto global que ascendió a 144.837,87 euros. Tres meses después, Gonzálvez dictó un decreto por el que ordenaba el pago de las actuaciones a Montajes Metálicos Almería SL --42.233,28 euros--, Lama Estructuras Metálicas SL --44.674,89 euros--- y Acerama SC, a la que dispuso el abono de 57.929,69 euros.
El informe del secretario, fechado el 29 de junio de 2007, formula "reparo" ante el citado decreto, pese a lo cual --ahonda-- "el querellado emitió un nuevo decreto en el que resolvía la discrepancia surgida entre el órgano interventor y el ordenador de pagos en sentido favorable a éste último" de tal forma que fue llevado al pleno de la corporación local en pleno de sesión extraordinaria.
