ALMERÍA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El administrador de Abakan Formación SL, enjuiciado por presunto fraude en cursos de formación subvencionados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha indicado este lunes que "jamás" se le "pasó por la cabeza quedarme con un duro" de las ayudas que le fueron concedidas y ha asegurado que fue "un ingenuo" tras admitir ciertas irregularidades en su tramitación.
En una declaración en ocasiones confusa ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, J.M.M.R.C. ha señalado que "no tiene por costumbre firmar por nadie" aunque sí ha admitido que puede ser el autor de las rúbricas de uno de los profesores del curso y del que era administrador solidario de la empresa.
"Seguramente sí firme la ficha del monitor porque, para pedir la subvención, cogí documentos de un curso anterior", ha dicho respecto al primero, que finalmente no impartió clase, mientras que del segundo ha dicho no recordar si incluyó en el expediente ante la Junta el "certificado" de una junta extraordinaria que no se llegó a celebrar. "No sé si lo hice --ha matizado-- pero a él no le hubiera molestado".
Ha trasladado que no le "pareció tan exagerado" el procedimiento que usó "porque pensaban que no le hacía nada malo a nadie". "Lo del profesor lo hice porque cuando me dijo que no iba a poder participar en el curso se había pasado el tiempo para dar su parte. Eso era grave porque no podía pagarle y remití la documentación porque pensé que era peor ir a la Junta a ver si solucionaba el problema que darlas yo sin cobrar", ha explicado.
Sobre la presunta falsificación de la firma de alumnos en los partes de asistencia, J.M.M.R.C. ha asegurado que "no conoce a nadie que no pusiera la firma de alumnos que no podían ir a clase". "Los alumnos iban y venían y estoy harto de ver como en otros cursos los alumnos firmaban por los que no iban", ha remarcado.
Por último, ha defendido la rendición de cuentas a la Junta de Andalucía sobre el curso, con "una auditoria que cotejaba cada factura con cada reintegro y con la que no tuve absolutamente ningún problema", que el curso de formación se impartió "con material y docentes" y que una de las dos ayudas que recibió se reintegró "al no poder celebrarse el juicio".
"Le doy mi palabra de honor de que no son cuentas falsas. Todo se fue en sufragar los gastos del curso. No tenía conciencia de que estuviera haciendo algo que perjudicara a alguien y puedo asegurar que estoy por encima de la media de responsabilidad en prácticas en este sector", ha concluido.
Tras la práctica de la abundante testifical, así como de la pericial y la documental, la fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones mientras que el letrado de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, ha retirado el delito de estafa que le imputaba y se ha adherido a lo solicitado por el Ministerio Público al considerar que el acusado tuvo "voluntad de crear confusión" en la Junta de Andalucía.
LA DEFENSA SEÑALA LA "RESPONSABILIDAD" DE LA JUNTA "POR SU DESASTROSA GESTIÓN"
La decisión del letrado de la administración ha provocado un considerable enfado en la defensa, quien ha recordado que la vista oral ante la Audiencia Provincial y no en un juzgado de lo Penal tal y como estaba señalado "es porque la Junta insistió en que había estafa, en que mi patrocinado había urdido un plan, con dolo, para engañar".
"No es una acusación baladí a una persona honrada que puede hacer mejor o peor en cuanto a la tramitación de un juicio pero es inaceptable que ahora, tras más de cinco años de una dolorosa instrucción, diga que no hay delito de estafa", ha trasladado visiblemente indignado para pedir que se le condene a costas y armar su petición para que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas.
La defensa también se ha cuestionado el porqué "no se ha escuchado nada en juicio respecto a la responsabilidad que tiene la Junta en todo esto" y ha criticado con dureza su personación como acusación "cuando tienen tanta responsabilidad en la desastrosa tramitación administrativa" de las ayudas a los cursos de formación. "Es una cuestión moral. No sé cómo se puede gestionar de forma tan calamitosa y encima exigir responsabilidades cuando no se hizo ni labor de inspección, ni una labor de seguimiento", ha apuntillado.
Por último, el letrado Jesús .. ha remarcado que el curso de formación que ha llevado a su patrocinado al banquillo de los acusados "se dio desde el primer día, en unas instalaciones, con profesorado y con material sin que se haya producido despilfarro aunque la profesionalidad haya podido ser deficiente".
ACUSACIÓN FISCAL
La fiscal ha concluido que, tras la práctica de la prueba, ha quedado "más que constatado" que el administrador de Abakan SL "alteró documentos a conciencia" y con una "voluntad determinada" porque "en caso de no haber falsificado los documentos hubiera perdido la subvención".
"Sabía que no cumplía los requisitos, ni siquiera estaba dado de alta, no había alumnos, ni profesores", ha afirmado para finalizar remarcando que, si bien la pericial caligráfico no contó con cuerpos de escritura de alumnos y profesores para cotejar y confirmar la falsificación, sí hay prueba a su juicio de que "falsificó, al menos, tres lo que supone un delito doloso y continuado".
El Ministerio Público atribuye a J.M.M.R.C. la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público ya que, entre otras actuaciones, alteró supuestamente los partes de asistencia para no perder la subvención de casi 90.000 euros concedida para la celebración del curso 'Técnicos de Sistemas Microinformáticos".
Considera que "efectivamente", en el marco de la denominada Operación 'Edu', se constató que se habían alterado documentos referentes tanto al profesorado del curso como a los alumnos que habían recibido el mismo, entre otros aspectos".
El curso se inició el 15 de noviembre de 2011 con, según el expediente administrativo tres monitores, incluido él mismo. Sin embargo, una de estas personas, no tuvo participación alguna en el curso" pese a lo cual, según la fiscal, J.M.M.R.C. habría remitido a la Consejería de Empleo una ficha de monitor con esos datos "imitando la firma de este" y un documento de programación didáctica del curso en relación a uno de los módulos, "en el que fue igualmente imitada su firma como docente".
La fiscal señala, asimismo, que el acusado habría "alterado" los partes de asistencia que servían para justificar ante la Junta el destino del importe de las ayudas y el cumplimiento de los requisitos exigidos y que lo hizo "incluyendo firmas de alumnos que habían dejado de asistir al curso" ya que, de los diez que lo iniciaron, sólo tres de los estudiantes completaron la formación "con el consiguiente riesgo de perder la subvención".
Estos alumnos, cuya firma se incluyó presuntamente de forma fraudulenta en esos partes en hasta 27 ocasiones en algunos casos, fueron calificados además como "aptos" en la documentación remitida a la Consejería de Empleo.
El Ministerio Público acusa, asimismo, a J.M.M.R.C. de "imitar" la firma de uno de los dos socios, que, pese a figurar en el Registro Mercantil como administradores, se había desvinculado de la empresa años antes y carecía, por tanto, de "relación alguna con la realización del curso".
Al margen de la pena privativa de libertad, pide la imposición de una multa de diez meses con una cuota diaria de nueve euros.
