ALMERÍA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Medio Ambiente ha emitido una resolución que asegura que la declaración de utilidad pública de la expropiación del Hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y las fincas situadas en ese paraje del parque natural del Cabo de Gata es susceptible de ser anulada por no ser tal acto administrativo competencia de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sino del Consejo de Ministros.
Según el documento de respuesta a las alegaciones presentadas por el abogado de uno de los propietarios afectados por el expediente de expropiación de El Algarrobico, al que tuvo acceso Europa Press, la Abogacía del Estado informó al Ministerio de que debió ser el Consejo de Ministros el que declarase la utilidad pública de la actuación administrativa --en alusión a la expropiación-- y no el director General de Costas, quien lo hizo por delegación de Cristina Narbona el 2 de enero de 2006.
La resolución, que según el letrado Pablo Linde será utilizada en el contencioso administrativo interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la citada actuación administrativa, significa "la nulidad de pleno derecho" de la declaración de utilidad pública "dada la manifiesta incompetencia del director general de Costas", que adoptó la resolución ya citada tras la paralización de las obras que ejecutaba la compañía Azata del Sol para levantar un hotel en la costa de Carboneras.
"VIABLE JURIDICAMENTE"
En esta línea, en declaraciones a Europa Press, Linde afirmó que el Ministerio de Medio Ambiente pretende con la respuesta que el Consejo de Ministros haga la declaración de utilidad pública, convalidando las resoluciones dictadas y conservando todos los actos del procedimiento expropiatorio, algo que no es "viable jurídicamente".
Por último, el letrado de los propietarios de una caseta de la Guardia Civil en la playa incluida en el expediente de expropiación señaló que, según el informe de Abogacía del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente sólo puede, en el ejercicio de sus competencias, comenzar un nuevo procedimiento ya que el actual es "nulo" por derivar de un acto nulo de pleno derecho, siempre según su tesis.
