En total de seis diligencias por irregularidades urbanísticas imputan prevaricación a diez de los once concejales del anterior mandato
ALMERÍA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La operación 'Costurero' contra la corrupción urbanística en Zurgena (Almería), que derivó el pasado día 2 en la detención del alcalde, Cándido Trabalón y el edil de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), se centra en investigar si se produjo prevaricación y cohecho en la autorización municipal para la construcción de 85 viviendas, de entre el millar bajo sospecha construido desde 2004.
En concreto, establece relación entre esta actuación y movimientos inusuales de dinero en cuentas particulares, el alquiler de cajas de seguridad o el uso de vehículos de la empresa propiedad de uno de los promotores imputados, extremos confirmados por Trabalón y Tijeras tras ser puestos en libertad y revelar que parte de las pesquisas se centraban en un ingreso bancario de 12.000 euros y la cesión de un turismo de lujo por parte de un promotor, respectivamente.
Fuentes judiciales al caso precisaron a Europa Press que la última de las seis diligencias incoadas por la Fiscalía de Medio Ambiente imputa también a los representantes de PSOE y PP que, durante la anterior corporación (2003-2007), emitieron voto favorable en pleno a éstas y otras promociones hasta el millar de inmuebles, todos levantados sobre suelo rústico e impugnados por la Junta de Andalucía desde 2004.
Con la única excepción de la edil 'popular' y ex senadora María del Mar Simonelli, ocho concejales han sido, pues, acusados de prevaricación mientras que el resto de señalados hasta veinte personas por el sumario --sobre el que la titular del Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa decretó el alza de secreto el pasado martes-- son promotores y arquitectos redactores de los proyectos de obra, cuya licencia se concedió en "diferentes circunstancias".
Entre los ex ediles, José Antonio Ramos (PSOE), Josefa Sánchez (PSOE) y José Juan Sánchez (PP) prestaban declaración como imputados ante la juez Pilar Alfonso Rodríguez el pasado viernes por su participación en el pleno que aprobó las citadas 85 viviendas por las que fueron arrestados junto a Trabalón y Tijeras, los constructores Antonio López y Tomás Zurano --a su vez, presidente de del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop)-- y los técnicos Francisco Salvador y Carlos Berbel.
Las mismas fuentes revelaron que las actuaciones practicadas apuntan a que el equipo de Gobierno del PA, en el que también repite Emilia Jiménez, aprobó de manera irregular una figura de planeamiento urbanístico denominada Delimitación de Suelo Urbano (DSU) que situaba dentro de esta calificación las viviendas denunciadas ante la Fiscalía el Seprona de la Guardia Civil e impugnadas por la Junta de Andalucía.
Según una certificación emitida por la ex secretaria del Ayuntamiento zurgenero, Teresa Lidueña, y adjunta al acta del plenario de 17 de enero de 2007, la DSU se validó con los únicos cuatro votos a favor del PA mientras que la ley exige la mayoría absoluta de la corporación, en este caso, seis concejales.
Lidueña, a la que algunos de los interrogados han achacado en sus declaraciones ante Guardia Civil y juez la responsabilidad de no alertar sobre posibles irregularidades en la actuación del alcalde y el edil de Urbanismo, era la séptima detenida en el marco de la operación 'Costurero' la pasada semana, tras lo que quedó en libertad con el cargo de presunta prevaricación.
Misma imputación figura en autos para los arquitectos Francisco Salvador y Carlos Berbel, a quienes se acusa de visar informes técnicos que avalaban la legalidad de las licencias a debate y en los que se garantizaba infraestructuras básicas de servicios, a la postre inexistentes, en las parcelas ubicadas en seis diseminados del término municipal de Zurgena.
La DSU, al que tuvo acceso Europa Press y aprobado en pleno con la abstención de los ediles en la oposición, fija en 358 hectáreas el suelo urbano de Zurgena y declara urbanizables más de 122 hectáreas en la pedanía de Carasoles-Cucador y otras 111,50 hectáreas en La Alfoquía donde, según el atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se detectaron cerca de 350 viviendas construidas sobre suelo rústica.
Las otras pedanías donde se detectaron irregularidades --hasta otras 600 residencias-- también han visto incrementada la extensión de suelo urbano. En Los Llanos del Peral adquieren esta calificación sus 390.000 metros cuadrados de suelo mientras que en Los Menchones la superficie alcanza los 142.800 metros cuadrados.
