ALMERÍA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La asociaciones AUAN y SOHA, que agrupan a ciudadanos extranjeros propietarios de viviendas fuera de ordenación en las provincias de Almería y Málaga, han urgido este miércoles una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para abordar la situación de estas edificaciones y ante la proliferación de sentencias que ordenan su derribo pese a estar reconocidos como compradores de buena fe.
"Los británicos están en estado de shock y angustia ante las malas noticias que están saliendo de futuros derribos, lo que demuestra que el problema no mejora sino que empeora", ha indicado en un comunicado la presidenta de AUAN, Maura Hillen, para quien las circunstancias "requieren medidas urgentes si se quiere que exista un ápice de posibilidad de inversiones extranjeras en las zonas afectadas".
Hillen ha advertido de que, de continuar "este ritmo" de resoluciones contrarias a los intereses de compradores de buena fe, se "corre el riesgo de crear un páramo social y económico" en las comarcas del Almanzora y la Axarquía, y ha recordado la mediación del presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, para lograr la reunión con Catalá.
La reacción de ambos colectivos llega tras la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Almería, adelantada por Europa Press, que ordena la demolición de 17 viviendas unifamiliares construidas en suelo no urbanizable y sin licencia municipal de obras en el paraje Media Legua de Cantoria (Almería) en el marco de una causa penal en la que el promotor y constructor ha sido condenado a 14 meses de prisión y multa de 18 meses con una cuota de 12 euros al día, así como a inhabilitación especial por tiempo de 20 meses.
El fallo rechaza, no obstante, condenarle a que indemnice a compradores de buena fe tal y como solicitó el fiscal ya que, "aunque pueda cabe sospecha de su existencia", considera que la documentación presentada por el acusado con respecto a "posibles" contratos de compraventa "ofrece poca confianza".
Argumenta la sentencia que resulta "palmaria la mala fe" de A.P.R. ya que, si bien su defensa planteó como cuestión previa la existencia de terceros que ocupan las viviendas construidas "pretendiendo" así que se devolviera la causa a instrucción a fin de que se hiciera ofrecimiento de acciones a los mismos, no ha dicho "ni una palabra ni presentado la documentación" en "nueve años" de litigio y pese a que "fue requerido en diciembre de 2005 para que demostrase la venta de las viviendas".
La magistrada María Soledad Balaguer deja la puerta abierta, no obstante, a que los perjudicados, de quienes puede caber "la sospecha de su existencia", puedan ejercitar las acciones legales en el procedimiento civil o contencioso-administrativo que corresponda al acusado o "a la administración --en este caso el Ayuntamiento de Cantoria-- por su inactividad en el ejercicio de su potestad sancionadora".
Así, en el fallo, dispone que se notifique la sentencia "en las 17 viviendas cuya demolición se ha acordado, por si las mismas se hallaran ocupadas por terceras personas a fin de que queden enterados de la misma y puedan ejercitar las acciones que les correspondan".
Al respecto, Hillen ha asegurado que los británicos del Valle de Almanzora "se ven indefensos" y ha criticado que ante la sospecha y la aparente aportación de pruebas de que estas casas estaban habitadas, "parece que no se hizo nada para notificar a los habitantes y propietarios de las viviendas de la existencia del procedimiento, para que pudiesen defenderse contra una sentencia que ordena la demolición de su casa". "Me pregunto si no hubo oportunidad de ello en algún momento durante los muchos años que ha durado el litigio", ha apuntillado.
En esta línea, ha recordado que caso del matrimonio Prior, cuya vivienda en Vera (Almería) fue demolida en 2009 y viven ahora en un garaje a la espera de indemnización. "Nos preguntamos si en el caso que nos ocupa siquiera se publicaron edictos para notificar a los posibles moradores. En otros casos hemos visto cómo se trata de localizar a los propietarios mediante el Ayuntamiento. Lo fácil hubiese sido una mera visita de la policía local a las viviendas, o incluso la solicitud de información del Padrón de habitantes, o preguntando a la Diputación sobre los servicios de recogida de basuras o en las compañías eléctricas y de agua. A través de todos esos cauces se podrían haber obtenido datos de los habitantes de las viviendas", ha manifestado.
Sobre la visita al Ministro de Justicia, Hillen ha puntualizado que pretenden explicar "lo que está pasando con los compradores de buena fe que escogieron a España para invertir los ahorros de su vida y para vivir aquí el resto de sus días, y que ahora se ven con la pérdida de su vivienda y de sus ahorros".
"Todo esto se produce en un momento de su vida en que ya es demasiado tarde para rehacerla, pues son jubilados. Si esto no es injusto, entonces ¿qué es injusto? Nosotros lo vemos como una injusticia moral palmaria y, dado que la ley debe ser justa, pedimos un cambio en el Código Penal para evitar estos casos", ha concluido.
