ALMERÍA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las defensas de los principales enjuciados en la macrocausa 'Poniente' por presunta corrupción municipal y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha pedido este viernes que se incorpore nueva prueba para intentar rebatir la acusación de "sobrefacturación" a la empresa mixta Elsur.
Asimismo, se han centrado en acreditar que la mayoría de las mercantiles con las que "subcontrataba" Elsur han seguido teniendo "relación" con el Consistorio ejidense más allá de la explosión en 2009 de la operación que se saldó con la detención, entre otros, del exalcalde Juan Enciso y el exinterventor municipal José Alemán.
La tercera sesión dedicada a cuestiones previas se ha desarrollado en ausencia de la mayoría de los encausados aunque sí han estado en sala el exregidor y el exinterventor municipal.
El letrado de Enciso ha aportado documental encaminada a "desmontar" la imputación de varios delitos fiscales ya que, según ha afirmado, "aún desconocemos si el fiscal lo vas a retirar" mientras que el abogado de Alemán ha interesado, entre otras, la testifical del jefe de contratación del Ayuntamiento, la jefa de Gestión Presupuestaria, y el jefe de Contabilidad.
Con respecto a la documental, ha hecho hincapié en la necesidad de que el tribunal conozca, a través de varios acuerdos de pleno, que el importe del canon pagado a Elsur "ha sido igual" en los años posteriores a 2011 ya que "lo que aquí vamos a discutir es si hubo o no sobreprecios", que en 2014 el canon de la basura pagado a la empresa Hermanos Lirola --también acusados-- se mantuvo y "no se revisó" y que, en 2018, se les adjudicó "nuevamente el servicio por 15 años más y subida de canon del 38 por ciento".
En esta línea, el abogado de Alemán ha pedido, entre otras pruebas documentales, que se incorpore en contrato de venta de la planta de Ejido Medioambiente "por el que los hermanos Lirola habrían recuperado el dinero pagado por servicios profesionales" a la empresa de asesoramiento del exinterventor o el convenio de colaboración que firmó en el año 2000 el Ayuntamiento con las empresas del acusado José Antonio Galán. "Se acusa a mi cliente de cobrar comisiones por facilitar contratos cuando lo único que se hizo fue prorrogar los que ya había", ha remarcado.
Las defensas también se han centrado en pedir la incorporación de prueba encaminada a "probar" que la facturación de las subcontratas a Elsur "fue real". En concreto, la defensa de Galán ha aludido a, cuando Elsur entró en concurso de acreedores, "no pudo hacer frente al pago de la deuda por lo que el Ayuntamiento asumió como endosos esa deuda", a lo que ha añadido que el propio Elsur con el actual alcalde, Francisco Góngora, como presidente "asumió la deuda de la empresa mixta hacia las empresas".
Por su parte, el letrado del empresario sevillano José Amate ha pedido la incorporación de 3.000 folios de pericial "que deja patente el error de aplicación de la doctrina de levantamiento del velo y la inexistencia de delitos fiscales por Impuesto de Sociedades e IVA" y "acreditan la relación posterior al concurso de Elsur de las empresas de Amate".
La defensa de las empresas vinculadas a Abengoa ha hecho alusión a que en el concurso de acreedores hay un reconocimiento de créditos a Agua y Gestión Servicios Medioambientales y Agua y Gestión Servicios Urbanos y a un certificado del interventor accidental del Ayuntamiento ejidense de 2012 abonando facturas con cargo al Plan de Proveedores por valor de 6,8 y de 3,2 millones de euros. "Se está pagando lo que aquí se están poniendo en cuestión", ha remarcado.
Tras esta sesión, la presidenta del tribunal, la magistrada Társila Martínez, ha fijado una nueva sesión para cuestiones previas que se celebrará el 21 de febrero y en la que va a ser el turno de las acusaciones, entre ellas Ayuntamiento de El Ejido, PP e IU.
Cabe recordar que hace dos semanas ya se acordó modificar el calendario de sesiones después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese "más tiempo" para dar respuesta a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 44 acusados que podrían dar lugar a la cambios en el escrito de calificación provisional del Ministerio Público. Los interrogatorios de los acusados está previsto comiencen el 30 de marzo.
La decisión ha llegado después de que, al final de la anterior sesión, el fiscal pidiese al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial "más tiempo" para informar sobre esas cuestiones previas "por si hubiera que hacer modificaciones en la calificación". El juicio comenzó el 10 de enero con la absolución de cinco de los 49 acusados iniciales.
Dos de ellos lo fueron después de que el letrado de la Administración de Justicia diera cuenta de dos resoluciones dictadas por la Sección Primera de la Audiencia por las que se eximía a dos funcionarios de un delito de negociaciones prohibidas.
La absolución de un tercero la resolvió el propio tribunal después de que su defensa alegara que los hechos por los que estaba siendo enjuiciado habían prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde la supuesta comisión y el fiscal Jesús Gázquez retirase su acusación Para quien fuera jefe de la Unidad Administrativa del Ayuntamiento de El Ejido y su esposa se tuvo en cuenta la prescripción aunque su defensa no había presentado recurso con anterioridad ya que se les acusaba del mismo delito en las mismas fechas.
ACUSACIÓN FISCAL
La presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, habría detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009.
La acusación fiscal indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó "orquestando la creación" de una red de sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con Elsur con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".
En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones correspondieron a "sobrefacturaciones" de los distintos grupos empresariales y sus propietarios.
Asimismo, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo mediante "sobrefacturación" en concepto de "gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento".
