ALMERÍA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones AUAN y SOHA, que representan a propietarios, en su mayoría extranjeros, de viviendas construidas fuera de ordenación en Almería y Málaga, han reclamado un cambio en el Código Penal ante el "daño social y económico que causa en compradores de buena fe" la demolición de lo construido que suele ir aparejada a los procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio.
La demanda se produce días después de que se haya hecho público el derribo programado para el día 18 en ejecución de sentencia firme de dos casas en el paraje Las Terreras de Cantoria (Almería) que fueron adquiridas por ciudadanos británicos de "sin tener conocimiento" de la situación y que aún no han recibido la indemnización que se fijó en vía judicial, para ellos y otras dos familias cuyas viviendas ya se ha demolido, en más de 789.000 euros.
Así lo va a trasladar el asesor jurídico de ambos colectivos, el letrado Gerardo Vázquez, en una mesa redonda que se celebra este martes en el Colegio Oficial de Abogados de Almería sobre 'La problemática de las viviendas incursas en procedimientos judiciales de carácter penal y sus consecuencias".
Vázquez ha indicado en un comunicado la "necesidad" de modificar el Código penal para "garantizar una justa y una efectiva indemnización" a los compradores "de buena fe" y ha advertido de que, en las causas por delitos contra la ordenación del territorio, "la mayor pena actualmente la paga la víctima".
"La víctima que ha comprado de buena fe, puede verse, y de hecho se ha visto, ante la tesitura de que se le tira su casa y queda sin dinero y sin casa, pues el promotor responsable del delito suele encontrarse la mayoría de las veces en una situación de insolvencia, y sólo suele pagar una multa de unos pocos miles de euros", ha asegurado.
Para Vázquez, este hecho es "materialmente injusto" y requiere un nuevo abordaje que, según ha explicado, "trataré en la mesa redonda".
El acto forma parte de una serie impulsada por los colegios oficiales de Abogados y Arquitectos de Almería y que tuvo su primer capítulo el pasado día 28, con la asistencia de unas 200 personas a una mesa redonda que giró sobre la perspectivas de regularización de las viviendas fuera de ordenación en Andalucía tras la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) anunciada por el Gobierno andaluz y los dos años de vigencia del decreto de 2012.
Esta nueva mesa redonda que girará sobre la demolición de viviendas en vía penal será moderada por el decano del Colegio de Almería, José Pascual Pozo, y contará con la presencia de la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes Molina, el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallegos, el juez Decano, Luis Columna, y el decano del Colegio de Arquitectos De Almería, Javier Hidalgo.
También asistirán el abogado y representante de las asociaciones que pelean contra abusos urbanísticos en Almería y Málaga conocidas como AUAN y SOHA, Gerardo Vázquez, el presidente de la Mancomunidad de municipios del Valle del Almanzora, Antonio Salas y las secretaria del Ayuntamiento de Albox y experta en asuntos urbanísticos, Eva Cano.
