ALMERÍA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería acoge desde este miércoles el juicio contra tres funcionarios del Ayuntamiento de Almería y dos consejeros de la promotora Facto S.A. a los que la Fiscalía acusa de manipular el concurso para adjudicar las obras del Mesón Gitano por 5,4 millones de euros financiados con fondos europeos y para los que pide penas de prisión, inhabilitación y el pago de multas por el importe de adjudicación de la obra.
La vista oral se desarrollará durante tres sesiones consecutivas, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales. El Ministerio Público señala en relación al caso "vinculaciones familiares, influencias y negociaciones" entre los cinco imputados durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación para "de forma intencionada e irregular propiciar de forma mendaz y manifiesta la resolución del concurso a favor de la empresa Facto S.A.", con "evidentes y palmarios intereses económicos", según remarca.
En su escrito de acusación, la fiscal califica los hechos como delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. En octubre de 2012, el jefe de Servicio del Área de Servicios Urbanos, J.M.S., junto a otros dos técnicos no imputados, procedió a redactar el pliego de prescripciones técnicas de la licitación y adjudicación del proyecto y ejecución de las obras del entorno del Mesón Gitano de la capital.
Ese mismo mes, la empresa municipal Almería Urban S.A.U. convocó la licitación bajo la fórmula de contratación conjunta de proyecto y ejecución, y con un presupuesto de 7.152.427,60 euros y un plazo de ejecución de 20 meses.
En dicha convocatoria, según precisa, se reflejó la fórmula matemática aplicada para la valoración de los aspectos económicos de las diversas propuestas, así como se dejó constancia de los miembros que componían la Mesa de Contratación, órgano competente para la valoración de las ofertas y la resolución de cuestiones. Entre estos integrantes figuraba el acusado D.L.A., técnico medio de Ingeniería de Obras Públicas.
En enero de 2013, la citada Mesa de Contratación abrió el sobre A relativo a empresas licitadoras, un total de 14 entre las que se encontraban Facto S.A. y Salcoa S.A. y también el sobre B relativo a las referencias técnicas.
Ya a finales de ese mismo mes, este órgano procedió al nombramiento de los técnicos coordinadores e informantes, y a remitir a estos toda la documentación aportada por las empresas licitadoras. Entre esos técnicos designados, un tercera acusado, funcionario en representación del Área de Obras Públicas.
La fiscal continúa su relato cronológico indicando que, en abril de 2013, los técnicos informantes llevaron a cabo una valoración técnica, "no sujeta a la aplicación de fórmula alguna", de los proyectos presentados a licitación, "otorgando a las empresas Facto S.A. y Salcoa S.A. la mejor puntuación de 26,74 puntos".
"Dichas sociedades se encuentran vinculadas a través de la empresa de construcción Algea Tris, de la que forman parte miembros de la sociedad Facto S.A., en concreto los acusados J.T.G. y A.A.O., y que comparte domicilio social con Salcoa", señala.
"RELACIONES FAMILIARES DIRECTAS"
El Ministerio Público destaca, asimismo, que, en la investigación, ha quedado "constancia" de la relación "familiar directa" entre los tres funcionarios acusados y "familiares vinculados a Facto S.A." que, tal y como subraya, "fue la definitiva adjudicataria de la obra".
Todo eso, según añade, tras la "constatación previa" por la Mesa de Contratación "de la existencia de dos proyectos idénticos, con texto, tipo y tamaño de letras idénticos, siendo diferentes los equipos técnicos y con ofertas económicas muy dispares" en alusión a los presentados por Facto S.A. y Salcoa S.A.
La fiscal apunta, en esta línea, a la "estrecha vinculación empresarial" entre ambas mercantiles y desgrana que, a la fecha en la que se produjo la adjudicación, el hermano de D.L.A. y la hija del acusado J.M.S. "eran trabajadores de Facto S.A." mientras que la cónyuge del acusado J.L.M.M. "continuaba como empleada" de esta empresa "siendo más que evidente el interés de los técnicos a la adjudicación a la mercantil Facto S.A., adjudicataria, asimismo, de numerosas obras municipales".
Añade que el acusado J.T.G, presidente y consejero de Facto S.A., "con gran influencia en el ámbito empresarial", compartía sociedad con el funcionario J.M.S. --Cauce Construcciones Civiles SL-- "con el mismo domicilio social que Facto S.A. y en la que figura como presidente y consejero" el otro acusado, J.T.G., a su vez secretario de Facto S.A., y como consejera la sociedad Mirlo Inversiones Levantinas.
Esta última mercantil, según recoge el escrito del Ministerio Público, era "una sociedad sin actividad laboral, carente de titularidad de bienes inmuebles y vehículos" y en la que figuran como administradores "la esposa ya fallecida del técnico J.M.S., con clara vinculación al participar de forma directa en la adjudicación como técnico coordinador de la Mesa de Contratación, encargado de la valoración técnica y económica de las empresas licitadoras, supervisor de las certificaciones de obra y con evidentes intereses económicos a través de las sociedades interpuestas Mirlo y Cauce".
"Además --concluye-- pretendía vender estas sociedades al presidente de Facto S.A., J.T.G., con la mediación de los acusados A.A.O. y D.L.A., desprendiéndose de todo ellos las vinculaciones, influencias y negociaciones entre los distintos acusados durante el proceso de adjudicación".
La fiscal les acusa, a la vista de todo esto, de "con pleno conocimiento, con previo y de común acuerdo, y de forma intencionada e irregular a través de las valoraciones tanto económica como técnica en el desarrollo del procedimiento de contratación, manipular de forma mendaz y manifiesta la resolución del concurso y la adjudicación a la empresa Facto S.A. con evidentes y palmarios intereses económicos".
MULTA DE COMPETENCIA
El escrito recuerda, asimismo, que el Consejo de Administración de Almería Urban S.A.U. puso en conocimiento de la Agencia de Defensa de la Competencia la existencia de proyectos idénticos, lo que motivó una sanción a Facto y Salcoa de 35.000 euros, así como al arquitecto redactor del proyecto, y hace referencia a que la Comisión de Patrimonio Histórico emitió informe desfavorable a la ejecución del proyecto básico presentado por Facto S.A. por "afectar sustancialmente a los valores monumentales".
La Fiscalía interesa para el jefe de servicio J.M.S. las penas de cuatro años de prisión, 17 años y nueve meses de inhabilitación, multa de 24 meses a razón de 12 euros al día y otra multa de 5,4 millones de euros como presunto autor de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Mismos delitos imputa a D.L.A. y J.L.M.M., para quienes solicita penas de 39 meses de prisión, 15 años de inhabilitación, multa de 18 meses a razón de 12 euros al día y otra multa de 5,4 millones de euros.
Para los empresarios A.A.O. y J.T.G. pide 18 meses de prisión y multa de 5,4 millones de euros como presuntos autores de un delito de tráfico de influencias.
