6 de diciembre de 2019
30 de octubre de 2014

Juzgan este jueves al exalcalde y actual edil de Obras Públicas de Zurgena por 202 viviendas

ALMERÍA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Zurgena (Almería) y actual edil de Obras y Servicios, Cándido Trabalón (PA), se enfrenta este jueves a un nuevo juicio por un presunto delito urbanístico en el que el fiscal va a solicitar penas de 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público acusado de conceder licencia de obra para ocho edificios con 202 viviendas y dos piscinas sobre suelo no urbanizable.

Trabalón se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3 en una vista oral, señalada en dos sesiones y que continuará el viernes, junto a siete exconcejales de la corporación de diverso signo político, el promotor del residencial y el arquitecto redactor del proyecto.

El escrito de acusación, consultado por Europa Press, recoge que J.I.J.R., en calidad de apoderado de la mercantil Inmuebles Promurdi S.L., decidió construir 202 viviendas en la parcela 168 del Polígono 16 del término municipal de Zurgena, más conocido como pareja de La Alfoquía, "con conocimiento de que el suelo era no urbanizable y que no eran autorizables conforme a la legislación en materia urbanística".

Así, habría encargado al arquitecto J.L.L. la redacción del proyecto, encargo que realizó y que contemplaba ocho edificios de tres plantas con una altura de 8,87 metros "con conocimiento de que el suelo no era urbanizable y que las viviendas no eran autorizables" y, además, de que "conforme a la legislación urbanística la altura del inmueble no podía superar los siete metros ni las dos plantas".

Según indica el Ministerio Público, la mercantil solicitó al Ayuntamiento la licencia de obras el 22 de junio de 2005. En el expediente administrativo se emitieron los preceptivos informes jurídico y técnico. El primero "no era ni favorable ni desfavorable" a la licencia pues se limitaba a señalar que "debían ser los servicios técnicos los que determinaran si era adecuado a la normativa urbanística".

En el caso del segundo informe, tal y como añade el fiscal, este no era favorable y advertía de que el proyecto "incumplía la normativa que solo autorizada planta baja y primera con una altura máxima de siete metros".

Pese a estas premisas, el 7 de octubre de 2005, siete ediles de la corporación local y Trabalón como alcalde, votaron en pleno a favor de la concesión de la licencia pese a que "todos ellos eran conocedores" de las circunstancias expuestas anteriormente.

A J.I.J.R. y a J.L.L. el fiscal les imputa un delito contra la ordenación del territorio en grado de tentativa ya que aunque la mercantil allanó el terreno e instaló farolas y una caseta prefabricada donde ofrecía la venta de las futuras viviendas, no se llegó a iniciar la construcción de ninguno de los ocho edificios debido a que la Guardia Civil levantó atestado en abril de 2007 y se incoaron diligencias previas un mes después.

En el caso de los exediles acusados de presunta prevaricación, entre los que figura el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, interesa también penas de 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación mientras que para el promotor y el arquitecto solicita cuatro meses de cárcel, multa de ocho meses a razón de 12 euros al día, e inhabilitación especial por un periodo de cuatro meses.

NO PROCEDÍA LA ACUMULACIÓN DE CAUSAS

La vista oral de este procedimiento ya fue aplazada en marzo de 2013 después de que el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Almería acordase remitir al juzgado instructor la causa para que resolviese si procedía acumularla junto con el resto de proceso penales en los que está imputado Trabalón por presuntos delitos de prevaricación y estimase así la cuestión previa planteada por las defensas.

En concreto, se pedía su acumulación al llamado caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que Trabalón se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público al estar procesado otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.

En los dos procedimientos en los que se ha celebrado ya juicio, en uno se dictó absolución aunque la Audiencia Provincial la ha anulado y ha pedido al juzgado de lo Penal que dicte una nueva sentencia especificando la calificación del suelo y el segundo se condenó al exregidor y resto de concejales a penas idénticas a las de esta causa aunque en segunda instancia se revocó y se dictó absolución.

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