ALMERÍA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Almería ha condenado a casi un año y medio de prisión a un facultativo del servicio de Pediatría del complejo hospitalario de Torrecárdenas en la capital que, durante cuatro meses, expidió hasta 192 recetas médicas fraudulentas para proveerse de metilfenidato (MFD), una sustancia psicoestimulante a la que padecía una adicción "aguda" y que le provocó un trastorno psicótico-tóxico.
La sentencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press, considera a M.J.L.A. autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial por funcionario público y otro de estafa por el que le impone la pena interesada por el fiscal durante el trámite de informes. En concreto, le impone un año, un mes y 15 días de cárcel, a lo que suma otros tres meses de prisión al estimar la eximente incompleta de dependencia, y las atenuantes de confesión y reparación del daño.
M.J.L.A., quien consignó antes de la vista oral la cantidad de 577 euros en que cifró el tribunal el gasto ocasionado al Servicio Andaluz de Salud (SAS), padecía durante la época en que se produjeron los hechos descubiertos a raíz de una inspección de la Administración una adicción a esta sustancia estimulante del sistema nervioso central a la que se añadía la enfermedad de Goldberg, un trastorno hereditario que causa fatiga, irritabilidad y depresión debido a un alto nivel de bilirrubina en la sangre.
Considera probado el tribunal, que le sanciona, asimismo, con un año de inhabilitación especial para ejercer función pública y médica en sistemas públicos de salud, que el acusado, natural de Serón (Almería), expidió 192 recetas con 30 comprimidos del compuesto con el "fin de proveerse para satisfacer su adicción", para lo cual se valió de pacientes que recibían tratamiento en el complejo hospitalario en el que trabajaba pero que no necesitaban de la toma de ese medicamento.
M.J.L.A., a quien su enfermedad exacerbaba su hábito de consumo, se valió no sólo de su talonario de recetas sino que recurrió también al de dos compañeros de servicio ya que éstos se guardaban en un mismo cajón bajo una llave de la que tenían copias todos los facultativos. En concreto, utilizó 17 recetas que ya llevaban impreso el selló de sus colegas y que, normalmente, sobraban de las que se habían sellado previamente para agilizar el ritmo de las consultas.
Una vez con ellas en su poder, adquiría la sustancia en diversas farmacias de la capital y lo consumía él mismo en una cantidad que la sentencia cuantifica en 5.760 comprimidos repartidos en 122 cajas. El facultativo, para quien el letrado que ejercía la defensa solicitó la libre absolución, actuó en todo momento con sus capacidades volitivas "considerablemente mermadas", no tanto las capacidades cognitivas.
