LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal emitió un escrito de acusación en el que solicita una pena de prisión de dos años y medio para el concejal del PP en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), Manuel Aguilera, y una petición de nueve años de inhabilitación para el ex jefe de la Policía Local David Ira y el actual ocupante del cargo, Carlos José Fernández, por el supuesto destrozo de un coche en el año 2000.
Según la información fiscal del caso, a la que tuvo acceso Europa Press, los hechos por los que se acusa a estas tres personas se remontan al año 2000, cuando Aguilera ocupaba el área de Seguridad Ciudadana en el Consistorio. Por ello, el Ministerio Fiscal entiende que, junto a los agentes, debe comparecer ante el juez para explicar lo ocurrido con un coche destrozado, lo que podrían incurrir en un delito de daños. Además, a Ira y Fernández se les imputa un delito de prevaricación, mientras que piden al edil popular responsabilidades por un supuesto delito de obstrucción a la justicia.
Al margen de las penas de prisión, también se solicita la inhabilitación para cargo público y una multa de 16 meses con una cuota diaria de 12 euros para el dirigente político, mientras que los integrantes del Cuerpo de Policía Local tendrían que abonar 12 euros diarios durante el mismo periodo de tiempo.
La documentación fiscal señala que el caso se remonta al momento en que el agente de la Policía Local Miguel Ángel Fermín denunció en las dependencias de la Policía Nacional las agresiones que supuestamente había sufrido por parte de una serie de personas que viajaban en un vehículo de la marca Volkswagen, que resultó ser propiedad de N.G.M.
Cuando la Policía Local pudo interceptar el coche, los dos agentes ahora acusados, ordenaron su traslado al depósito municipal donde, supuestamente, Carlos José Fernández comenzó a golpearlo y destrozarlo sin que Iria hiciese nada por evitarlo. Posteriormente, Aguilera mantuvo una conversación con los operarios del servicio de grúas presentes en el depósito cuando ocurrieron los hechos que le relataron lo sucedido. La consecuencia, según la Fiscalía, fue la decisión de Aguilera de indicar a ambos que "serían despedidos si contaban lo ocurrido".
