CÁDIZ, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha admitido una querella contra el alcalde de la localidad, José Luis Núñez (PP), y otros ocho concejales de PP y Alternativa Independiente Progresista (Aipro), partidos que gobiernan en coalición, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en los que habrían incurrido tras la supuesta contratación irregular de 25 familiares y personas afines en el Ayuntamiento.
Según adelanta este martes 'El Mundo', el titular del juzgado arcense ha citado a declarar esta jornada a los querellados en calidad de imputados.
La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue presentada a título particular por el edil socialista Joaquín Macías en septiembre de este año y ratificada en diciembre, y se dirige contra el alcalde; el senador del PP y edil de Infraestructuras, Obras y Servicios, Sebastián Ruiz; el edil de Urbanismo, Manuel Erdozain (Aipro); el de Hacienda y Personal, Carlos de la Barrera (PP); la de Asuntos Sociales, Juana María Morales (PP); el de Turismo, Manuel Romero (Aipro); el de Cultura, Domingo Jesús González (PP); el de Medio Ambiente, Francisco Muñoz (Aipro), y Petra Macías (Aipro), responsable de la Delegación de Jédula.
Expone que "desde el mismo momento de su toma de posesión", los querellados habrían venido ordenando, "a veces directamente, y otras a través del responsable de Hacienda y Personal, el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como de miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011".
Sostiene que el concierto de los contratos de trabajo se ha realizado "con olvido del procedimiento legalmente establecido y omitiendo el procedimiento de selección" a través de convocatoria pública y "sin la previa fiscalización del Servicio de Intervención para constatar que la Administración poseía crédito suficiente para contratar".
En este sentido, adjunta una relación de los contratos aparentemente concertados "siguiendo las órdenes de los querellados y firmados por el Delegado Municipal de Hacienda y Personal".
Dicho listado incluye a un cuñado y una sobrina del alcalde; a un cuñado de Reyes; a un cuñado de Erdozain; un cuñado, una hermana y una sobrina de De la Barrera; una hermana y un hijo de Romero Gallardo; dos sobrinos de Macías; un sobrino y una hermana de Morales; dos tíos de Muñoz y un sobrino de González Gil.
Los puestos son de carpintero, auxiliar, electricista, administrativo, peón, conserje, arquitecto o personal de limpieza.
Igualmente, la querella sostiene que "también se habrían concertado contratos laborales temporales con personas que formaban parte de las candidaturas de los partidos que conforman el gobierno municipal, sin cumplir con las normas procedimentales establecidas en el ordenamiento jurídico". En este apartado, adjunta una relación de nueve casos en puestos similares.
El querellante sostiene que los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación regulado en el artículo 404 del Código Penal, en relación con el artículo 74 del mismo cuerpo legal, y también de un delito de tráfico de influencias regulado en el artículo 428 del Código Penal.
