CÁDIZ, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz provincial del PP de Cádiz, Carmen Sánchez, ha destacado este miércoles en rueda de prensa la "determinación" del Gobierno andaluz para dar una solución a la regularización de vivienda y ha aplaudido que más de 40.000 familias gaditanas se van a beneficiar del decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre viviendas irregulares.
Sánchez ha explicado que el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, que entra en vigor este miércoles, pretende resolver un "grave problema que arrastra desde hace décadas toda Andalucía y que tiene una gran incidencia en la provincia de Cádiz", según ha informado el PP en un comunicado.
Así, dentro de la provincia son alrededor de 40.000 viviendas las cuales se distribuyen unas 5.358 en la zona de la Bahía de Algeciras, 16.951 en la Bahía de Cádiz-Jerez, 4.805 en la Costa Noroeste, 6.841 en la Janda y 14.078 en la zona de la serranías de Cádiz y Ronda.
Al hilo, la popular ha valorado la medida dado que el Gobierno andaluz ha aportado una "solución a un grave problema que padecen muchos ciudadanos y que se ha generado por edificaciones irregulares construidas fuera de planificación, sin contar con infraestructuras para los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad, por lo que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad".
La portavoz del PP ha defendido que con esta norma "en ningún caso se está dando una amnistía a las viviendas ilegales" y ha insistido en que el decreto lo que hace es dar respuesta las viviendas irregulares que están ya fueras del plazo que dispone la Administración para actuar sobre las mismas. Además, ha apuntado que desde la Consejería de Fomento se ha anunciado la voluntad "de priorizar la actuación inspectora y sancionadora para que no se vuelva a producir el problema",
Sánchez ha elogiado que con este decreto se pone fin al "caos jurídico y urbanístico anterior y se da una respuesta a la problemática actual en base a tres pilares fundamentales". El primero de ellos amplía el tipo de viviendas que pueden acogerse a la Declaración de Asimiliado Fuera de Ordenación (AFO) por la que los propietarios pueden acceder al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.
Hasta la fecha no se admitía la declaración de AFO a las edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable o las edificaciones situadas dentro de asentamientos (grupos de edificaciones) una situación que ahora se ha corregido ya que el nuevo decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, excepto a viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia, o las asienten sobre suelos de especial protección.
En segundo lugar, con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU; de forma que se "simplifica y agiliza" el proceso ya que antes había que esperar una media de nueve años para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial. A partir de ahora, "el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos", ha indicado.
Por último, el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley "está en la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales". De esta forma, ha señalado, los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
La portavoz popular ha mostrado su satisfacción por el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía que "ha sido capaz de dar una solución a un problema que viene de lejos, que afecta a miles de familia y que anteriores gobiernos intentaron resolverlo sin éxito hasta en tres ocasiones".
