La presidenta de la Diputación de Cádiz en la FEMP
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, ha afirmado que "queda demostrado lo que se venía defendiendo desde hace tiempo, con iniciativas debatidas y aprobadas en el Pleno de Diputación, la posibilidad de reinvertir el superávit de las entidades locales sólo dependía de voluntad política, sin impedimento legal alguno".

Según ha indicado la Diputación en una nota, ésta es una de las reflexiones expresadas por la presidenta de la Institución Provincial al término del encuentro convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que ha movilizado a centenares de representantes de ayuntamientos, diputaciones, consells insulares, cabildos y federaciones territoriales de municipios.

La Diputación ha señalado que el presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha explicado los resultados de la reunión que mantuvo el día anterior con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

En ese balance ha destacado el compromiso, por parte del Gobierno, de facultar a las entidades locales para que puedan reinvertir el superávit del ejercicio anterior en la financiación de nuevas inversiones. Una posibilidad que se concretará, en un plazo de 15 ó 20 días, a través de un Real Decreto.

"Hasta ahora se nos aseguraba desde el Gobierno de España que esa reinversión estaba condicionada a la aprobación de los Presupuestos del Estado. Desde las entidades locales siempre reivindicamos que con un decreto se podía hacer factible dicha reinversión, que era un ejercicio de decisión política y el compromiso del ministro nos da la razón", ha afirmado la presidenta de la Diputación.

Irene García ha afirmado que "desde la FEMP se quiere que se amplíe la tipología de las inversiones para que redunden en los aspectos prioritarios requeridos por cada localidad". Hasta ahora el destino de los fondos se constreñía a las denominadas inversiones financieramente sostenibles, un concepto que se queda corto en función de las necesidades de unos municipios, "que demandan planes de empleo o la mejora de servicios públicos básicos", ha explicado.

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