SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

IULV-CA presentará en los ayuntamientos en los que tiene representación una moción en la que solicita la retirada de la tramitación parlamentaria del Decreto-Ley de reforma del mercado de trabajo, así como también de las medidas de ajuste aprobadas por considerarlas "injustas, innecesarias y antisociales".

En la moción, a la que tuvo acceso Europa Press, la federación de izquierdas se solicita también mantener la edad de jubilación en los 65 años; el mantenimiento del sistema público de pensiones como eje de la protección social, y la puesta en marcha de una reforma fiscal progresiva, un plan contra el fraude y la economía sumergida.

IULV-CA demanda además que los ayuntamientos apoyen la convocatoria de huelga general, fijada para el 29 de septiembre, hagan un llamamiento a todos los trabajadores para secundarla y aprueben un bando municipal de apoyo a la misma. También solicita que exijan a los empresarios que respeten el derecho a la huelga que asiste a los trabajadores.

La formación señala que en los últimos 18 años, con gobiernos del PSOE y del PP, se han llevado a cabo ocho reformas del mercado de trabajo, incluyendo la actual. "Una reforma cada dos años y tres meses no es un buen indicador de la estabilidad de algo tan fundamental, más bien parece que estamos metidos dentro de un proceso de improvisación continua", indica.

En esta línea, subraya que el causante de la crisis económica no ha sido ni es el mercado de trabajo, así como tampoco la baja productividad de los trabajadores o los desmesurados salarios que perciben. "Estas medidas que desmontan el Estado social y democrático y que se alinean claramente con la patronal, los banqueros, los especuladores y los rentistas, han obligado a los sindicatos de clase, CC.OO y UGT a convocar una huelga general", apunta.

Asimismo, IULV-CA asegura que el decreto-ley de la reforma del mercado de trabajo supone "el despido más fácil, más rápido y más barato, perpetúa la contratación temporal como vía de entrada al mercado de trabajo, da mayor poder a los empresarios y cuestiona la negociación colectiva facilita la modificación sustancial de las condiciones de los contratos de trabajo, incluidas las pactadas en los convenios colectivos, disminuyendo el control judicial".